Las autoridades iraníes anunciaron este jueves la ejecución de tres presos condenados por su participación en las protestas antigubernamentales de enero, en un contexto de fuerte represión por parte de las fuerzas de seguridad. Según informó la agencia judicial Mizan, las ejecuciones se realizaron en público en la ciudad de Qom.

Los ejecutados fueron identificados como Mehdi Ghasemi, Saleh Mohammadi y Saeid Davudi. De acuerdo con la versión oficial, los tres fueron declarados culpables de asesinato y de llevar a cabo acciones en favor de Israel y Estados Unidos, cargos que las autoridades vinculan con amenazas a la seguridad nacional.

Los condenados recibieron la pena capital bajo el delito de "moharebeh" (enemistad contra Dios), una figura legal utilizada en Irán para castigar acciones consideradas contrarias al orden público y al sistema islámico. Las ejecuciones se llevaron a cabo tras la confirmación de las sentencias por parte del Tribunal Supremo, según fuentes oficiales.

Entre los ejecutados se encontraba Mohammadi, de 19 años y campeón de lucha libre, cuyo caso había despertado críticas internacionales, especialmente desde Estados Unidos. Diversas organizaciones y gobiernos habían cuestionado la transparencia del proceso judicial.

Según la acusación, los hechos ocurrieron el 8 de enero, cuando los tres hombres habrían atacado con armas blancas a dos agentes de seguridad en distintos puntos de Qom, provocando su muerte. Las autoridades señalaron que los acusados confesaron durante el proceso e incluso reconstruyeron los hechos.

Las ejecuciones serían las primeras realizadas en público en relación con las protestas de este año, que exigían el fin de la República Islámica. Estas manifestaciones fueron sofocadas mediante una fuerte represión estatal que, según cifras oficiales, dejó más de 3.100 muertos.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos elevan ese número a más de 7.000 víctimas y denuncian además unas 53.000 detenciones. En paralelo, datos de la ONU indican que durante 2025 Irán ejecutó a unas 1.500 personas, lo que representa un incremento del 50% respecto del año anterior, en medio de crecientes cuestionamientos internacionales.