La Asamblea Nacional sancionó por unanimidad la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. La norma abarcaría hechos vinculados a crisis políticas entre 2002 y 2025, pero excluye a quienes estén acusados de promover o participar en acciones armadas o de fuerza.
La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el oficialismo, aprobó este jueves por unanimidad una ley de amnistía presentada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en un contexto de fuerte presión pública por la liberación de detenidos por motivos políticos y con protestas de familiares que sostienen medidas de fuerza en Caracas.
La iniciativa -denominada oficialmente Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática- deberá ser promulgada por el Poder Ejecutivo. Según la información difundida por medios locales e internacionales, el alcance contempla causas asociadas a episodios de conflictividad política comprendidos entre 2002 y 2025, con potencial impacto sobre dirigentes opositores, sindicalistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, académicos y periodistas, entre otros.
Uno de los artículos centrales fija límites explícitos: la amnistía no alcanzará a quienes se encuentren -o puedan ser- procesados o condenados por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en "acciones armadas o de fuerza" contra la población, la soberanía o la integridad territorial del país, incluso cuando involucren a actores extranjeros.
El tratamiento legislativo no estuvo exento de controversia. La Asamblea había pospuesto la votación final por diferencias vinculadas a un artículo que exigía a los beneficiarios presentarse ante tribunales, y organizaciones como Acceso a la Justicia expresaron objeciones sobre definiciones del texto y sobre el rol que tendrían instituciones como tribunales y Fiscalía en la ejecución del beneficio.
En paralelo, el debate se da con cifras que mantienen el tema en el centro de la escena: la ONG Foro Penal reportó recientemente 644 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela.
Entre los posibles beneficiarios mencionados en la cobertura pública figura la situación de dos argentinos detenidos en el país: el gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani, cuyos casos han sido seguidos por medios y organizaciones en el marco de detenciones de extranjeros en Venezuela.