Un juez de Madrid imputó a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Está citada a declarar como investigada el 11 de septiembre a las 10:30 horas. La acusada es señalada por supuestamente haber desviado fondos públicos para pagar a su asistente, Cristina Álvarez, para trabajos privados, vinculados a su dirección de actividades en la Universidad Complutense de Madrid .

Esta nueva imputación se suma a otras investigaciones ya abiertas contra Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo profesional. La investigación está a cargo del juez Juan Carlos Peinado, quien también convocó a declarar como investigada a la propia Álvarez para el 10 de septiembre a las 11:00 horas.

La causa inicial fue iniciada tras una denuncia de Manos Limpias, organización vinculada a la extrema derecha, por presuntas irregularidades en la gestión de fondos y expedientes académicos de Gómez. Según la denuncia, empresas privadas vinculadas a la docente habrían recibido contratos y subvenciones del Estado.

El caso pone más presión sobre el Gobierno, ya afectado por investigaciones que involucran a otros allegados de Sánchez, como su hermano o excolaboradores clave, así como por detenciones y escándalos que debilitan su autoridad institucional.

Fuentes del Ejecutivo expresaron confianza en que la justicia descartará el caso por falta de fundamento y calificaron la denuncia como parte de una operación judicial de carácter político.

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