Entre las medidas propuestas se incluye la posibilidad de obligar a Google a vender su navegador Chrome y su tienda de aplicaciones Google Play, dos herramientas fundamentales para su negocio.

La razón detrás de las acciones del DOJ está vinculada a lo que se considera una conducta anticompetitiva por parte de Google. Según las autoridades estadounidenses, la compañía manipuló el mercado de los buscadores web mediante acuerdos de preinstalación, predeterminación y reparto de ingresos relacionados con los resultados de búsqueda. Para resolver esta situación, el DOJ ha planteado diversas opciones para limitar o prohibir este tipo de acuerdos.

Una de las propuestas más radicales es la venta de Chrome, el navegador que Google convirtió en una pieza clave de su estrategia comercial. A través de Chrome, la empresa recopila grandes cantidades de datos de los usuarios, lo que le permite ofrecer publicidad altamente personalizada. Esta práctica, en combinación con otras, ha resultado ser una fuente significativa de ingresos para Google, lo que refuerza aún más su dominio en el mercado.

Según Bloomberg, el DOJ pedirá a los jueces que impongan medidas para desmantelar estas prácticas y cambiar la estructura de mercado que ha permitido a Google mantenerse en una posición dominante en áreas clave, como la publicidad en línea y la inteligencia artificial (IA). El gobierno estadounidense también recomendó que el juez federal Amit Mehta considere la imposición de requisitos de licencia, lo que podría modificar el negocio de las búsquedas en línea y alterar parte del mercado de la IA.

El futuro de Google Play Store tras el fallo judicial

Otro frente de batalla para Google se abrió a principios de octubre, cuando un juez en San Francisco ordenó a la empresa facilitar la entrada de terceros a su tienda de aplicaciones, Google Play. Esta orden se deriva de una demanda presentada por Epic Games, que acusó a Google de prácticas anticompetitivas desde 2020. En 2023, Epic Games ganó la primera parte de la demanda, lo que provocó una revisión del funcionamiento de Play Store.

Con la nueva orden, Play Store tendrá que permitir el acceso a otras tiendas de aplicaciones de terceros, lo que abre la puerta a una mayor competencia en el ecosistema de Android. Además, el catálogo de aplicaciones deberá estar disponible para estas plataformas externas, lo que disminuiría el control que Google mantuvo sobre la distribución de software para dispositivos móviles. Este cambio tiene el potencial de alterar el negocio de las aplicaciones móviles y desafiar el dominio de Google en este sector.

Respuesta de Google ante las medidas regulatorias

Desde Google, la vicepresidenta de asuntos regulatorios de EEUU, Lee-Anne Mulholland, expresó su desacuerdo con las propuestas del DOJ. Según Mulholland, las medidas impulsadas por el Departamento de Justicia "van mucho más allá de las cuestiones legales", en un intento por imponer una agenda radical que afectaría el modelo de negocio de la compañía. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos sigue considerando que estas medidas son necesarias para evitar que Google siga consolidando su dominio en mercados clave.

Fuentes cercanas al caso indicaron que el DOJ podría presentar nuevas propuestas para evitar que el juez federal obligue a Google a vender Chrome, siempre y cuando se logren acuerdos que fomenten la competencia en el sector de la publicidad y los motores de búsqueda. La disputa sobre el futuro de Google y su impacto en la industria tecnológica está lejos de resolverse, y es probable que esta batalla legal marque un antes y un después en el control de los gigantes tecnológicos en el ámbito digital.