En busca de la verdad
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Según un informe del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad Austral, el ajuste fiscal “compromete salarios, prestaciones sociales y de educación”
El Gobierno de Javier Milei alcanzó el superávit fiscal en sus primeros meses de gestión, lo cual es expuesto por el equipo económico como uno de los principales logros en materia económica. Para que eso ocurra, el Gobierno aplicó un fuerte recorte en el gasto, congeló transferencias a provincias y licuó prestaciones sociales.
Un análisis del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad Austral calculó que “contra el primer trimestre de 2023 y a valores constantes, el ahorro que se llevó a cabo fue de más de siete billones de pesos”.
El resultado fiscal positivo se alcanzó pese a una caída en la recaudación en el primer trimestre de 2024 del 4,2% en términos reales, debido a la caída de la actividad económica.
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El Presidente mantendrá además encuentros con Start Ups de Inteligencia Artificial, en el marco de su visita a la ciudad estadounidense de San Francisco.
“Las prestaciones de la seguridad social y transferencias corrientes aportaron en conjunto el 79% del ahorro (42% y 37% respectivamente), seguidos por el recorte de la obra pública mencionado que aportó el 9,51% del total. El cuarto lugar lo ocuparon las remuneraciones, con el 6,13%, aproximadamente ARS$450.000 millones”, detalló.
De esa manera, sostuvo que el ajuste fiscal “compromete salarios, prestaciones sociales y de educación”. “Las remuneraciones del sector público, transferencias a universidades y prestaciones sociales, aunque aumentadas, no alcanzan a cubrir la inflación, comprometiendo la calidad de vida, la calidad educativa y la seguridad social”, estimó.
Por otro lado, el trabajo consideró que las “exenciones fiscales como las de los ingresos de magistrados y el régimen de promoción de Tierra del Fuego representan un 0,51% del PIB, equivalente a una sexta parte del ajuste realizado, pero no se han discutido”.
El informe propuso, en ese sentido, “revisar y debatir los beneficios fiscales para ratificar o ajustar privilegios, buscando un equilibrio que minimice el costo social del ajuste fiscal”.
“La motosierra se aplicó en el recorte de obra pública, reflejado en las caídas nominales de la inversión real directa (-34,1%) y de las transferencias de capital (- 34,4%)”, señaló el sondeo.
A su vez, manifestó que “la licuadora se aplicó con los aumentos por debajo de la inflación de remuneraciones (+213,6%), prestaciones de la seguridad social (+140,8%) y trasferencias a universidades (+150,7%)”.
De acuerdo con el reporte, el freezer se reflejó en “la falta de aumentos de las transferencias a provincias y municipios (+41,1%)”. En el otro extremo, el pago de intereses de deuda se incrementó un 324,4%, muy por encima de la inflación, lo que impidió un superávit aún mayor.
El estudio resaltó que en lo que va de la gestión, “no se concretaron rebajas significativas de impuestos”, sino que, “por el contrario, se observaron algunos incrementos (impuesto PAIS, por ejemplo)”.
“Si bien la recaudación se redujo en términos reales 4,2% en el primer trimestre del año, esto se debió a la caída de la actividad económica y su impacto en el IVA, eje principal de la recaudación tributaria”, manifestó.
En tanto, evaluó que, si se aprobara la Ley Bases, “se concretaría un aumento del impuesto a las ganancias de los empleados en relación de dependencia y un potencial ingreso de la recaudación proveniente del blanqueo de capitales”.
El trabajo subrayó que, en paralelo, habría una moratoria y una reducción del peso de bienes personales, “pero que en lo inmediato podría traer mayor recaudación debido a la posibilidad de adelantar cinco años de este impuesto a cambio de mantener fija la base de tributación”.
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