Previo a esa exposición, hoy hubo una práctica en el Comité de Asuntos Energéticos del think tank Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), que preside Raúl Parisi, donde los referentes hicieron un diagnóstico de la situación energética y plantearon los cinco objetivos conjuntos que llevará a cabo el espacio si resulta ganador en octubre. Los cuatro referentes fueron Nicolás Gadano (Fundación Pensar, Pro), Alejandro Einstoss (Fundación Alem, radicalismo), Eliana Miranda (Coalición Cívica) y Luis Bolomo (Peronismo Republicano).

También estuvieron presentes exfuncionarios durante el gobierno de Mauricio Macri, como Mauricio Roitman (extitular del Enargas), Julián Gadano (subsecretario de Energía Nuclear) y Marcos Pourteau (subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos), que están trabajando con los equipos económicos. El evento fue abierto a la prensa, pero con la condición de no especificar qué dijo cada referente energético.

“Para desarrollar el sector, necesitamos tener un mercado único y libre de cambios (MULC). Pero es complejo saber cómo será el programa macroeconómico. Hemos trabajado para la confección de este documento, cuya velocidad de ejecución está integrada con el diseño del programa económico”, dijo uno de los exponentes, al ser consultado sobre las medidas concretas para alinear los precios de las tarifas con los costos reales.

Luego indicó que el sector tiene “desafíos de cortísimo plazo”, que habrá que resolver mientras se toman medidas de fondo para los próximos años. “A Enarsa [la empresa estatal] no le encuentro un rol en mi visión de largo plazo. Pero en el corto está llevando adelante la obra de un gasoducto muy importante. Nos vamos a encontrar con eso y no vamos a refundar el Estado en el día uno.Tenemos que llevar la economía a donde queremos, pero primero tenemos que convivir con lo que tenemos”, agregó.

En este sentido, volvió a destacar que el “desafío es muy grande y al mismo tiempo está muy condicionado a la macro”. Y completó: “Estamos trabajando en la integración de esas dos cosas. Estamos diseñando cómo debe funcionar el sistema energético en condiciones normales, pero tenemos que ser muy pragmáticos para resolver los problemas con las herramientas que hay en el día uno. En mi opinión, en los primeros meses del año no se puedan bajar impuestos, porque eso implicaría una baja del gasto mayor para lograr la disciplina fiscal, que es un desafío fenomenal. Hay un horizonte de mediano y largo plazo, pero hay que lidiar con un desafío muy grande desde incluso antes del primer día. Con esa visión estamos trabajando”.

Otro de los referentes coincidió que todavía es pronto para determinar el aumento de tarifas que habrá que aplicar. “La tarifa social es un instrumento valioso. El próximo gobierno recibirá una población con 40% en la pobreza. No sabemos cuánto tienen que aumentar las tarifas porque no sabemos con qué nominalidad nos vamos a encontrar, pero siempre vamos a mirar el peso de la tarifa en el ingreso promedio. La velocidad con la que vamos a llegar a cubrir el costo del servicio con tarifas dependerá de las necesidades de la macro. El que tenga el volante en la mano va a determinar la velocidad del acelerador”, dijo.

Asimismo, un tercer exponente, que tuvo como tarea hacer un diagóstico de la situación actual, indicó: “El sector energético fue uno de los peores gestionados por el Gobierno. Repitieron y potenciaron los errores que cometió esta misma administración en el pasado”. Entre las cifras que mencionó, resaltó que, cuando Macri dejó la gestión en 2019, las tarifas residenciales de electricidad representaban el 66% del costo del sistema. Con el nuevo congelamiento tarifario, ese porcentaje se redujo a 40%, aunque todavía está por encima del 14% que llegó a reflejar del costo eléctrico las tarifas en 2015.

Uno de los proyectos en los que está trabajando el espacio es diseñar un mecanismo tarifario que compense la diferencia entre las boletas eléctricas de las distintas provincias. “El servicio de energía eléctrica tiene jurisdicción provincial y eso lleva a que las tarifas sean distintas entre sí. Cada ente determina una actualización tarifaria y los usuarios pagan facturas distintas. En las tarifas, además, se incluyen otros ítems que no están vinculados a la energía eléctrica”, explicaron.

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Argentina

La iniciativa se aprobó con un contundente apoyo polí­tico, al cosechar 214 votos, respaldado por la mayorí­a de los bloques. Hubo cuatro abstenciones de la izquierda.  

Por último, señalaron que se está trabajando en una ley de inversiones extranjeras: ”Vaca Muerta no se convirtió en una política de Estado, se convirtió en un salvavidas del Estado, por eso es más fácil arribar a acuerdos. Necesitamos una estabilización no solo de macroeconomía, sino también del régimen impositivo. El sector energético viaja atrás de eso. Tenemos un desafío muy grande, porque tenemos mucho petróleo y gas, pero no tenemos un peso para sacarlo. Por eso necesitamos que haya una inversión real”.

Acuerdos generales y propuestas

Los referentes leyeron una presentación y dijeron que habían arribado a cinco acuerdos generales o prioridades de política energética:

• Asegurar la seguridad energética, minimizando el costo de abastecimiento y garantizando acceso confiable y asequible de la energía, focalizando los subsidios a la población vulnerable.
• La dimensión ambiental tiene que estar incorporada en el proceso de decisiones.
• Maximizar el desarrollo de los recursos energéticos, compatibilizándolo con la macroeconómica. El costo fiscal hoy representa una mochila que explica la mitad del déficit primario.
• Una macroeconomía desordenada nos saca de la posibilidad del financiamiento e impide el flujo normal de importaciones que el sector necesita.
• Hay que restablecer los roles del sector público y privado. El público tiene que generar reglas de juegos claras y balizar el camino, para que el sector privado invierta y genere riqueza.

Además, se refirieron a las propuestas de economía energética:

• El crecimiento energético debe promover la competencia. De ahí tienen que surgir precios competitivos, tanto para el petróleo como para el gas natural. El valor de export parity tiene que ser la norma de precios para el petróleo. En el mercado de gas están vigentes los contratos del Plan Gas. Esta administración firmó contratos con un horizonte a 2028, que tienen que ser respetados.
• En los sectores donde no hay competencia, el Estado debe promover una regulación efectiva. Eso implica que los sectores públicos deben ser sustentables recibiendo un retorno de la inversión y los consumidores deben recibir un servicio de calidad al menor costo posible.
• Los valores que paga la demanda deben reconocer los costos de la cadena de valor: el precio de la energía y los costos de envío. Es la mejor señal para que el privado invierta y para que el consumidor tenga una conducta más racional de la demanda.
• La próxima administración recibirá una gran parte de la población por debajo de la línea de la pobreza, que no tiene capacidad de pagar esos costos reales. Por lo tanto, los subsidios tienen que estar focalizados en ese foco de la población. Es equivocado este sistema de subsidios generalizados que no pueden ser financiados fiscalmente. Por eso el instrumento adecuado es la tarifa social federal.
• El sector energético necesita una normalización institucional y que los entes tengan sus directorios. Será necesaria una nueva revisión tarifaria, inyectar flujos financieros a empresas reguladas para que incrementen las inversiones y mejores la calidad del servicio en los próximos años.
• Hay que plantear la situación financiera del sector energético. Hay una cesación de la cadena de pagos. Al 28 de febrero hay $660.000 millones de deuda de distribuidoras con Cammesa, más de 0,5% del PBI. Cammesa, a su vez, acumula deuda con los generadores y con los productores que participan del Plan Gas. Hay que generar y restablecer los flujos financieros y normalizar la cadena de pago. Para ello, es necesario que la demanda empiece a pagar facturas que reconozcan los costos de producción.
• Por último, es necesario revisar las estructuras de las tarifas, tanto de gas como la electricidad, e impulsar el buen desempeño de la licitación offshore.