Con la promulgación de la Ley 27.819 mediante el Decreto 1010/2026, entró en plena vigencia operativa el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la República de Singapur, el histórico entendimiento sellado en Río de Janeiro a fines de 2023. La normativa consagra formalmente una zona de libre comercio para bienes y servicios bajo el paraguas técnico de la Organización Mundial del Comercio (OMC), activando un minucioso cronograma de desgravación progresiva que abarca desde la supresión inmediata de derechos de importación hasta esquemas arancelarios diferenciados a 15 años para sectores estratégicos, impidiendo a su vez nuevas alzas tributarias a bienes originarios.

En el terreno procedimental, el tratado incorpora mecanismos de facilitación aduanera destinados a abaratar costos logísticos y operativos para el sector privado. El régimen exime de aranceles el ingreso de muestras de valor insignificante y habilita la admisión temporal con suspensión impositiva de equipamiento profesional, bienes orientados a ferias internacionales y materiales de transporte, sumando beneficios aduaneros para la reimportación de mercaderías enviadas al exterior para reparaciones técnicas sin alteración de su función matriz.

Asimismo, el articulado establece límites precisos a las restricciones cuantitativas y a la emisión de licencias de importación y exportación, fijando un plazo máximo de 30 días para evacuar consultas técnicas bilaterales en caso de que alguna de las partes imponga trabas a alimentos considerados críticos. Para fiscalizar el cumplimiento de las condiciones de acceso y resolver controversias de clasificación arancelaria, el acuerdo formalizó la creación del Subcomité de Comercio de Bienes y Reglas de Origen, órgano que funcionará como árbitro operativo entre los bloques.

Desde la Cancillería argentina remarcaron el interés estratégico en el plano de la radicación de capitales externos, ponderando el atractivo que representan los proyectos energéticos y mineros locales para el fondo soberano de Singapur, con activos estimados en 100.000 millones de dólares y una baja presencia actual en Latinoamérica. La iniciativa concluyó su periplo legislativo con las firmas de Victoria Villarruel y Martín Menem, tras un debate en el Congreso que combinó respaldos a la inserción global con pedidos opositores para extremar la vigilancia sanitaria e industrial mediante organismos de control técnico como el INTA y el INTI.