En busca de la verdad
En busca de la verdad
El ENREGE otorgó el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la línea de 500 kV que abastecerá al megaproyecto de cobre Josemaría operado por Vicuña. El fallo desestimó impugnaciones de San Juan, La Rioja y mineras competidoras, consolidando la seguridad jurídica bajo el RIGI.
En una decisión bisagra para la infraestructura energética y el desarrollo minero de escala mundial en la Argentina, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) ratificó de manera definitiva la validez de la Resolución N° 79/2026 y otorgó el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP) a favor de Transener S.A., a solicitud de la compañía Vicuña Argentina S.A. La medida concluye formalmente un proceso técnico-regulatorio iniciado en 2023 y destraba el desarrollo del Proyecto de Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión (PIEAT), una megaobra que permitirá llevar por primera vez una línea de 500 kV hasta la cordillera sanjuanina para abastecer los 260 MW requeridos por la Fase I del yacimiento de cobre Josemaría.
La resolución del organismo nacional trasciende lo estrictamente regulatorio para convertirse en un hito económico de primer orden: despeja el camino para la concreción de una inversión privada total superior a los u$s9.700 millones por parte de la empresa conjunta integrada por BHP y Lundin Mining.
El Presidente explicará los cambios de la Carta Orgánica, que incluyen límites para la emisión monetaria y mayor autonomía frente al Ejecutivo.
El proyecto tendrá un impacto transformador sobre la economía real, estimándose la generación de más de 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos durante sus etapas de construcción y operación, junto con una contribución positiva neta superior a los u$s3.270 millones anuales en la balanza comercial de la Argentina mediante la exportación de concentrado de cobre, posicionando al país como un jugador central en la transición energética global.
El dictamen del ENREGE desestimó de manera categórica los recursos de reconsideración, impugnaciones y solicitudes de suspensión presentados por San Juan a través del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), la provincia de La Rioja, municipios locales y empresas mineras competidoras como Los Azules (ACMSA), Hualilán (Golden Mining) y Gualcamayo (Minas Argentinas). Los opositores cuestionaban el otorgamiento a Vicuña del 90% de la prioridad de uso sobre la capacidad incremental de transporte por un plazo de 25 años, alegando una supuesta afectación del principio de libre acceso (Open Access) y reclamando derechos sobre infraestructuras eléctricas preexistentes.
Frente a estos planteos, la autoridad regulatoria nacional fundamentó que la ampliación del sistema de transmisión en extra alta tensión pertenece a la jurisdicción federal exclusiva dentro del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
El organismo enfatizó que otorgar la prioridad de uso sobre una capacidad de transporte que no existiría de no ser por la inversión 100% privada de la empresa no vulnera la normativa, sino que aplica con rigor el marco de incentivos consagrado en la Ley Bases y el RIGI.
La decisión remarcó que el ordenamiento busca evitar la figura del "free-rider" (usuario aventajado), brindando seguridad jurídica a quien asume la totalidad del riesgo de capital sin trasladar ningún costo a los usuarios de la red eléctrica.
"Todas las obras serán financiadas íntegramente por Vicuña, sin trasladar costos a los usuarios del sistema eléctrico. Una vez finalizada su construcción, la infraestructura pasará a integrar el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y será administrada por el concesionario del transporte de alta tensión, constituyéndose en infraestructura permanente para el desarrollo futuro de la provincia", afirmaron desde Vicuña.
Con RIGI aprobado: escala mundial
El Comité Evaluador del RIGI aprobó en junio pasdo el ingreso de Vicuña al régimen, convirtiéndolo en el primer emprendimiento cuprífero admitido bajo la categoría PEELP (Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo).
La iniciativa prevé una inversión inicial de u$s9.700 millones, aunque las compañías estiman que, con las sucesivas etapas de expansión, el desembolso total podría alcanzar los u$s18.000 millones.
El desarrollo se ejecutará en tres fases: la primera contempla la puesta en marcha del yacimiento Josemaría; la segunda incorporará los recursos de óxidos de Filo del Sol; y la tercera avanzará sobre los recursos sulfurados, junto con la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento del complejo minero.
De acuerdo con la Evaluación Económica Preliminar (PEA), Vicuña tiene el potencial de producir durante sus primeros 25 años un promedio anual de 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata, lo que lo posicionaría entre los proyectos cupríferos más importantes del mundo. En materia de empleo, el proyecto ya cuenta con 2.615 trabajadores a nivel global, de los cuales 2.421 se desempeñan en Argentina. De ese total, 580 son empleados directos y 1.841 pertenecen a empresas contratistas.
Además, el 92,6% de la plantilla global es argentina y más del 81% de los trabajadores directos son sanjuaninos, con una creciente participación de habitantes de Iglesia, Jáchal y Guandacol, consolidando el impacto del proyecto sobre el empleo local y el desarrollo de proveedores regionales.
Fuente: Ámbito Financiero
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