El proyecto apunta a inversiones desde u$s1.000 millones en inteligencia artificial, centros de datos, semiconductores y otras actividades tecnológicas
Mientras Amazon Web Services (AWS) avanza en Chile con una inversión superior a u$s4.000 millones y Google levanta en Uruguay un nuevo centro de datos por más de u$s850 millones, la Argentina busca recuperar terreno en la competencia regional por la infraestructura crítica que demanda la inteligencia artificial (IA).
La apuesta oficial se concentra en una nueva herramienta: el llamado Súper RIGI, un régimen de incentivos para grandes inversiones en nuevas industrias que ya llegó al Congreso y promete beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios más potentes que los previstos en el RIGI original.
La propuesta apunta a proyectos de al menos u$s1.000 millones en inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, infraestructura digital, centros de datos y otras actividades tecnológicas de alto impacto. La lectura del Gobierno es la siguiente: si la IA exige centros de datos, energía y redes, el país debe disputar una parte de esa inversión global.
El reto, sin embargo, excede una reducción impositiva. Los hiper escaladores, como se denomina a los gigantes tecnológicos que operan infraestructura de servidores de acceso remoto (computación en la nube, en la jerga informática) a escala mundial, planifican sus desembolsos con horizontes de 15, 20 o 30 años. En esa cuenta pesan la estabilidad macroeconómica, el acceso a divisas, la importación sin trabas de hardware, la energía limpia, la conectividad internacional, la baja latencia, la sustentabilidad ambiental y reglas previsibles.
AWS anunció en mayo de 2025 una inversión superior a u$s4.000 millones para poner en marcha una nueva región de infraestructura de computación en la nube en Chile. El proyecto prevé tres zonas de disponibilidad y busca reforzar la oferta regional de servicios de nube, procesamiento de datos, almacenamiento, inteligencia artificial y herramientas corporativas.
Google eligió Canelones, una ciudad de Uruguay, para construir un nuevo centro de datos en América latina, con una inversión superior a u$s850 millones. La empresa presentó la obra como parte de su plan para mejorar la conectividad regional, acercar infraestructura a sus clientes y atender la demanda creciente de servicios digitales e inteligencia artificial.
Para la Argentina, ambos casos actúan como una advertencia. Durante años, el país buscó posicionarse como destino posible para proyectos de hiperescala. La ciudad bonaerense de Bahía Blanca incluso apareció mencionada como alternativa para infraestructura para la nube informática de gran porte, por su disponibilidad territorial, energía y zonas francas.
Esa expectativa no derivó en una región propia de AWS. En el sector admiten que el interés técnico por la Argentina no desapareció, aunque reconocen que las decisiones de inversión quedaron demoradas por factores estructurales:volatilidad macroeconómica, restricciones cambiarias, problemas para importar equipamiento, incertidumbre regulatoria y dudas sobre la capacidad de asegurar energía y conectividad a largo plazo.
Rafael Ibañez, director general ejecutivo de SkyOnline, señaló que el proyecto de AWS quedó en pausa y que Google eligió Uruguay para construir su centro de datos. "No ven a la Argentina todavía lo suficientemente preparada como para realizar inversiones", afirmó.
La frase resume una tensión de fondo: la Argentina cuenta con talento, recursos energéticos potenciales y una ubicación competitiva, pero aún debe recomponer la confianza necesaria para atraer proyectos que demandan desembolsos de largo plazo y reglas estables.
El contraste también aparece dentro del propio RIGI. El régimen aprobado con la Ley Bases ya mostró resultados en energía, minería y gas. Según datos oficiales difundidos en los últimos días, el Comité RIGI aprobó 18 proyectos sobre 39 presentados, con apenas un rechazo.
Aun así, el esquema revela una limitación: hasta ahora no se hizo público ningún proyecto aprobado de telecomunicaciones, centros de datos, fibra óptica, tecnologías de telefonías móviles de quinta generación (5G) o infraestructura para la nube informática bajo ese paraguas.
Ahora, el Gobierno procura avanzar con una segunda capa de incentivos. El Súper RIGI apunta a industrias que hoy no existen en el país o exhiben un desarrollo incipiente, con el objetivo de captar inversiones de escala eninteligencia artificial, semiconductores, biotecnología, infraestructura digital y servicios tecnológicos de alto impacto.
El proyecto busca responder a una inquietud concreta de los directores financieros de las grandes tecnológicas: cómo invertir miles de millones de dólares en un país con antecedentes de inestabilidad sin quedar atrapados en restricciones cambiarias, impuestos imprevisibles o trabas para importar equipamiento crítico.
Entre los puntos centrales del esquema figuran una alícuota reducida del impuesto a las ganancias del 15%, beneficios aduaneros para la importación de bienes de capital, exenciones de derechos de exportación, estabilidad fiscal y regulatoria de largo plazo, amortización acelerada y un sendero progresivo de mayor disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones.
Para un centro de datos de inteligencia artificial, esas condiciones son sensibles. La inversión inicial puede superar los u$s1.000 millones, pero el negocio no finaliza con la obra civil. Requiere importar servidores, chips, sistemas de almacenamiento, equipamiento eléctrico, herramientas de refrigeración, software, repuestos y tecnología sujeta a renovación permanente.
También demanda contratos de energía a largo plazo, acuerdos de conectividad internacional, obras de transmisión, permisos ambientales, proveedores especializados y personal técnico calificado. Por eso, el Súper RIGI intenta operar como un resguardo financiero y regulatorio. La pregunta es si alcanza para modificar decisiones que, hasta ahora, favorecieron a Chile y Uruguay.
Los especialistas advierten que los beneficios fiscales representan solo una parte de la ecuación. Los hiper escaladores no eligen un país únicamente por una menor carga impositiva. También evalúan energía, conectividad, latencia, disponibilidad de tierra, seguridad jurídica, talento técnico, proveedores locales, sustentabilidad ambiental y estabilidad política.
La comparación regional resulta inevitable. Brasil, por ejemplo, avanza con esquemas de incentivo para centros de datos que combinan beneficios fiscales con contrapartidas concretas, como el abastecimiento mediante energías renovables. Ese punto abre una discusión que la Argentina aún no terminó de ordenar: qué se le pedirá a cambio a las empresas que reciban beneficios extraordinarios para instalar infraestructura crítica.
La magnitud del salto tecnológico se advierte en la capacidad instalada. Según el relevamiento presentado por la Cámara Argentina de Internet (Cabase) en las jornadas Internet Day 2026, la Argentina cuenta con 13 centros de datos operativos de más de 1 MW, con una potencia instalada total cercana a 32 MW.
El dato exige una precisión: el relevamiento considera solo centros de datos de escala superior a 1 MW. No incluye instalaciones más pequeñas, que también integran el entramado local. Además, los 32 MW refieren a potencia instalada disponible, no necesariamente a consumo eléctrico continuo y pleno durante las 24 horas.
Aun con ese matiz, la comparación permite medir la brecha. La capacidad se concentra con fuerza en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA): el 71% corresponde a la Capit6al Federal, con unos 23 MW, y el 29% restante a la provincia de Buenos Aires, con unos 9 MW.
Ese mapa contrasta con la escala que empieza a exigir la inteligencia artificial. En los proyectos globales de nueva generación, la conversación ya no se mide solo en decenas de megawatts, sino en cientos de megawatts e incluso en campus de 1 GW o 2 GW.
En ese escenario, la Patagonia y las zonas de influencia de Vaca Muerta aparecen en el radar del sector. Neuquén, Añelo, Tratayén y otros puntos vinculados al desarrollo energético podrían ofrecer una combinación atractiva: disponibilidad territorial, cercanía a recursos energéticos, clima frío y potencial para proyectos de gran escala.
El clima constituye una variable de negocios. En los centros de datos, la refrigeración representa uno de los costos operativos más relevantes. Las regiones frías permiten aplicar técnicas de enfriamiento natural mediante aire exterior, lo que puede mejorar el indicador de eficiencia energética conocido como PUE.
Este punto pesa cada vez más para compañías como Amazon, Google, Microsoft o Meta, que deben cumplir metas globales de sustentabilidad y justificar nuevos proyectos ante inversores, reguladores, clientes y comunidades locales.
La energía es condición necesaria, pero no suficiente. Los centros de datos de IA también requieren conectividad internacional, redes de transporte, fibra óptica, redundancia, baja latencia y capilaridad local.
Hernán Winnick, director de ventas de centros de datos de Cirion, explicó que la latencia define si un país será apenas consumidor de tecnología alojada en el exterior o si podrá desarrollar capacidad propia. "Lo que la latencia te permite es, en definitiva, que de alguna manera se invierta la ecuación y no seamos solo consumidores de tecnología o de recursos tecnológicos que están a miles de kilómetros de distancia o a 120 o 180 milisegundos de latencia, sino que podamos desarrollarlos acá", sostuvo.
La idea, graficó, es "traer Virginia a Buenos Aires" y luego llevar esa capacidad al interior mediante un borde federal. También resumió las variables que evalúan los hiper escaladores antes de decidir una inversión: "Conectividad, el talento y, por otro lado, las reglas de juego o la estabilidad, la previsibilidad como país, tanto a nivel regulatorio como impositivo y político".
Mientras el Súper RIGI intenta seducir a proyectos de hiperescala, el Enacom empuja una agenda complementaria: financiar la infraestructura local que permitiría evitar que esos grandes nodos queden aislados.
En la apertura de Internet Day, Martín Ozores, interventor del Enacom, planteó un viraje desde el subsidio directo hacia instrumentos del mercado de capitales, con obligaciones negociables y avales para que prestadores regionales y pymes tecnológicas accedan a financiamiento de largo plazo.
Como caso testigo, el funcionario destacó a Sion, que logró gatillar inversiones por más de $10.000 millones mediante este esquema. "El uso del mercado de capitales para fondear proyectos de infraestructura crítica es algo que en Argentina no existía. Esto sube la vara de los ISP y genera una transformación sostenible", afirmó Ozores.
Ante la consulta de iProfesional, el interventor precisó que el Fondo de Servicio Universal cuenta con alrededor de u$s200 millones disponibles. "Hoy el monto no sería el límite. El Fondo de Servicio Universal tiene u$s200 millones, mientras que los proyectos de infraestructura que se están presentando actualmente, como expansión modular de centros de datos o tendido de fibra, rondan los u$s10 a u$s12 millones cada uno", explicó.
La diferencia de escala queda a la vista. Ese financiamiento puede contribuir a ampliar redes, fortalecer prestadores locales, expandir fibra o duplicar capacidad en centros de datos medianos. Pero la llegada de hiper escaladores exige otra capa de condiciones: contratos energéticos, importación ágil de hardware, estabilidad cambiaria, baja latencia, permisos ambientales y reglas de largo plazo.
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Ocurrió en Santiago del Estero. El acusado terminó detenido.