El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su estrategia económica para atraer los dólares que se encuentran fuera del sistema financiero formal. A través de un proyecto de reforma de la Ley de Inocencia Fiscal (Ley 27.799), y que será enviado al Congreso, el oficialismo busca ampliar el universo de contribuyentes que pueden sumarse al régimen simplificado de Ganancias. La iniciativa surge tras reuniones entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y estudios contables, donde se consensuó la necesidad de reducir los obstáculos y los temores a futuras fiscalizaciones.

El cambio más trascendental de la reforma es la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio que restringían el acceso al esquema simplificado, los cuales originalmente se ubicaban en $1000 millones anuales y $10.000 millones de patrimonio, respectivamente. Con la nueva redacción, el único requisito general será contar con residencia fiscal en la Argentina. Los Grandes Contribuyentes Nacionales quedarán exceptuados de los beneficios adicionales, aunque se les permitirá utilizar la modalidad para agilizar la presentación de sus declaraciones juradas y pagos.

La normativa establece un horizonte temporal claro, fijando el 31 de diciembre de 2027 como fecha límite para utilizar estos fondos no declarados. Durante este período de ventana, los contribuyentes contarán con una protección legal especial: los depósitos bancarios o los incrementos patrimoniales derivados de la exteriorización no podrán ser tomados por sí solos como base para impugnaciones. De esta manera, el ingreso del dinero al circuito formal a través de mecanismos autorizados por el BCRA o la CNV no habilitará cuestionamientos retroactivos en el Impuesto sobre los Bienes Personales.

Otro de los pilares de la reforma apunta a limitar las facultades de control de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). A partir de la sanción de la ley, la carga de la prueba para determinar cualquier discrepancia significativa recaerá exclusivamente sobre el fisco, que ya no podrá basarse en presunciones teóricas sino en datos concretos y cruzamiento de información con terceros. Además, para que una diferencia sea considerada relevante, se incorporará un piso mínimo equivalente al 5% del monto previsto en el Régimen Penal Tributario, manteniendo el umbral del 15% sobre el impuesto declarado.

A pesar de la valoración positiva que el sector privado hace de estas modificaciones en pos de la seguridad jurídica, los especialistas en impuestos encienden una luz de alerta. Advierten que el proyecto mantiene una condición sumamente estricta: cualquier error mínimo de imputación en materia de retenciones, anticipos o percepciones podría provocar la pérdida automática de todos los beneficios del régimen. Para evitarlo, el contribuyente se verá obligado a aceptar y pagar el criterio fiscal dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de la liquidación de ARCA.