La discusión sobre una posible desregulación del mercado inmobiliario sumó tensión en las últimas semanas luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmara que el Gobierno enviará en junio al Congreso un paquete de reformas orientado a modificar el corretaje y otras actividades reguladas.

El anuncio ocurrió hace unos días en un encuentro sectorial organizado por Reporte Inmobiliario, en la Universidad Católica Argentina, donde el funcionario adelantó que el oficialismo apunta a reducir costos dentro de las operaciones inmobiliarias y ampliar la competencia en el sector.

"Creemos que habrá una notable reducción en los costos de compraventa y además vamos a quitar la pata del Estado para agilizar un mercado inmobiliario que siempre es activo", sostuvo Sturzenegger tras el encuentro.

El proyecto todavía no ingresó formalmente al Congreso, aunque dentro del mercado ya descuentan que incluirá cambios sobre colegiación, corretaje y regulaciones vinculadas con la actividad inmobiliaria.

Según explicó el funcionario, el objetivo pasa por "quitar trabas y privilegios" que, según la mirada oficial, terminan elevando costos para compradores, vendedores e inquilinos.

Un cruce no tan simpático

La discusión tomó aún más fuerza luego de una reunión realizada entre funcionarios nacionales y representantes de entidades inmobiliarias, quienes expusieron fuertes diferencias frente a la iniciativa.

Por parte del sector participaron Marta Liotto, presidenta del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la República Argentina (COFECI) y del Colegio Inmobiliario porteño; Román Paikin, vicepresidente del Colegio Inmobiliario porteño; Jorge Alberto Pighin, vicepresidente primero de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA); y Fernando Guzmán, secretario general de FIRA.

Durante el encuentro, las entidades acercaron documentación institucional y defendieron el rol de los colegios profesionales dentro del mercado inmobiliario.

Los dirigentes remarcaron especialmente la importancia de la capacitación permanente, la ética profesional y los controles vinculados con la seguridad jurídica de las operaciones.

Marta Liotto explicó que la reunión dejó al descubierto diferencias profundas entre ambas posiciones: "No fue una reunión sencilla porque estamos parados en posiciones distintas desde lo ideológico".

La titular de COFECI y del Colegio Inmobiliario porteño señaló que uno de los principales ejes del planteo estuvo vinculado con la protección patrimonial de las familias. Liotto afirmó: "Los corredores inmobiliarios son profesionales que se capacitan permanentemente para administrar e intermediar sobre el patrimonio de las personas. Los colegios cumplen una función de ordenamiento y supervisión".

Desde el Gobierno, en cambio, sostienen que muchas regulaciones terminaron convirtiéndose en restricciones que limitan competencia y encarecen servicios.

Qué busca cambiar el ministerio desregulador

Según explicó Federico Sturzenegger y de acuerdo con los borradores que ya circulan dentro del sector inmobiliario, el Gobierno apunta a modificar varios ejes vinculados con el corretaje y las operaciones inmobiliarias, como la eliminación obligatoria de la matrícula para trabajar en el sector. Entre los principales cambios aparecen:

• flexibilización o eliminación de la matrícula obligatoria para ejercer el corretaje inmobiliario.
• revisión del rol de los colegios profesionales y de sus facultades regulatorias,
• eliminación de honorarios mínimos obligatorios en operaciones inmobiliarias.
• apertura a nuevos modelos de intermediación y plataformas tecnológicas Proptech.
• reducción de barreras de entrada para nuevos actores del mercado.
• digitalización y simplificación de trámites vinculados con compraventas.
• desburocratización de procesos administrativos y registrales.
• ampliación de competencia entre operadores inmobiliarios.
• impulso a modelos comerciales con menores costos de intermediación.
• creación de una nueva ley de defensa de la competencia que también alcanzaría a colegios profesionales.
• revisión de restricciones jurisdiccionales que hoy limitan actividad entre provincias.
• flexibilización de estructuras regulatorias que el oficialismo considera "privilegios corporativos".

Defensor acérrimo

Jorge Amoreo Casotti, referente de la plataforma Proptech PINT y uno de los principales impulsores de la desregulación dentro del sector inmobiliario, en la última Expo Construir, respaldó públicamente la necesidad de avanzar sobre cambios en el sistema de colegiación y defendió una apertura mayor del mercado.

"Como toda desregulación, permitiría la competencia de nuevos actores y rompería con una anomalía argentina que tiene que ver con haber transformado una actividad comercial en una profesión científica", planteó.

El empresario además vinculó el debate con los costos que enfrentan compradores, vendedores e inquilinos.

"Gran parte de la composición de los precios tiene que ver con costos administrativos, comercialización, escrituraciones y todo el bagaje jurídico detrás de una operación", explicó.

Dentro de esa mirada, Casotti consideró que una mayor competencia obligaría al sector a ofrecer formatos más eficientes y modelos comerciales distintos.

También puso el foco sobre el crecimiento del ecosistema Proptech y el impacto tecnológico dentro del mercado inmobiliario. "Existe un cambio de paradigma tecnológico, cultural y estructural en la industria inmobiliaria mundial y Argentina no puede quedar atrás", expresó.

Incluso cuestionó el peso de la matrícula como principal garantía de seguridad jurídica.

Amplió: "La transparencia y la seguridad jurídica no tienen que ver con un número detrás de un apellido, sino con trayectoria, trazabilidad y buenas prácticas".

El referente de PINT además consideró que los colegios podrían reconvertirse hacia sistemas voluntarios de certificación profesional en lugar de funcionar bajo esquemas obligatorios.

Fuerte rechazo del sector

Desde FIRA advirtieron que una flexibilización de la matrícula podría aumentar riesgos de estafas y operaciones irregulares. Pighin, vicepresidente primero de la entidad, explicó que la postura oficial apunta a ampliar la libertad para ejercer actividades económicas incluso dentro del corretaje inmobiliario.

Según detalló, desde el Ministerio sostuvieron que "el Estado no debería impedirle trabajar a nadie", algo que habilitaría operaciones sin matrícula profesional.

Pighin reconoció igualmente la importancia del diálogo institucional con el Gobierno. Señaló: "Como primera medida agradecemos que nos hayan recibido. Las partes se escucharon respetuosamente y cada uno expuso su punto de vista".

Sin embargo, aclaró que la FIRA mantendrá una posición crítica frente al proyecto. "La postura de la federación va a ser una oposición a este proyecto porque creemos que la seguridad jurídica está muy en riesgo con estas medidas de desregular el mercado", afirmó.

Otro de los puntos que apareció durante la reunión estuvo vinculado con las estafas inmobiliarias. Desde las entidades aseguraron que gran parte de las maniobras fraudulentas involucran personas no matriculadas. Pighin aseguró: "El 95% de las estafas proviene de personas que no tienen matrícula".

Además, explicó que los colegios cuentan con tribunales de disciplina que permiten actuar frente a irregularidades cometidas por profesionales habilitados.

Mientras tanto, colegios y cámaras inmobiliarias de distintas provincias ya comenzaron contactos con diputados nacionales y legisladores locales para intentar frenar cualquier modificación que elimine la matrícula obligatoria.

El conflicto promete transformarse en uno de los debates más fuertes dentro del mercado inmobiliario durante los próximos meses, en un escenario donde el Gobierno busca avanzar con reformas orientadas a reducir regulaciones y ampliar competencia dentro de distintos sectores económicos.

Pighin concluyó: "Vamos a ser una oposición constructiva para encontrar puntos equidistantes y ver hasta dónde podemos encontrarnos para sacar una ley que favorezca a todos".

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