El debate sobre la eliminación de las retenciones al campo volvió al centro de la agenda económica luego de que el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, afirmara que estos impuestos podrían desaparecer por completo en los próximos años.

Según declaraciones, el funcionario se mostró convencido de que los derechos de exportación agropecuarios "llegarán a cero antes de que termine un eventual segundo mandato" del presidente Javier Milei, aunque aclaró que se trata de una opinión personal y no de una medida oficial ya definida.

De esta manera, el horizonte planteado por el Gobierno ubica una eventual eliminación total de las retenciones en el mediano plazo, supeditada a la evolución del programa económico y al equilibrio fiscal.

La gestión de Milei ya avanzó en reducciones parciales de estos impuestos, en línea con su promesa de campaña de aliviar la carga tributaria sobre el sector agroexportador. Sin embargo, distintos funcionarios han advertido que una eliminación inmediata implicaría un fuerte impacto en los ingresos del Estado, dado el peso de las retenciones en la recaudación pública.

En ese contexto, la estrategia oficial apunta a una baja gradual, condicionada a la consolidación del superávit fiscal y a la estabilidad macroeconómica.

Las retenciones -históricamente uno de los principales ejes de conflicto entre el Estado y el sector agropecuario- siguen siendo consideradas por el Gobierno como un tributo a eliminar, pero dentro de un proceso escalonado.

Así, mientras el Ejecutivo promueve reformas para reducir impuestos, el propio equipo económico reconoce que los tiempos estarán atados a las condiciones fiscales, lo que deja la eliminación total como un objetivo de largo plazo más que una medida inmediata.