En busca de la verdad
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La decisión judicial en Nueva York deja en suspenso el multimillonario reclamo contra el Estado argentino y redefine el escenario legal
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El juicio por la expropiación de YPF sumó un capítulo clave en Estados Unidos. La Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendió todas las apelaciones vinculadas al caso hasta que quede firme el reciente fallo favorable a la Argentina.
La decisión judicial representa un freno temporal para los reclamos derivados de la sentencia original. Esa sentencia de primera instancia había fijado una indemnización superior a los u$s16.000 millones, un monto que ponía en jaque las cuentas públicas argentinas y generaba incertidumbre en los mercados internacionales.
El tribunal también canceló la audiencia prevista para el 16 de abril. En esa fecha se iban a analizar distintas apelaciones, entre ellas la presentada por el Estado argentino.
Una de las apelaciones cuestionaba la orden de la jueza Loretta Preska. Esa orden obligaba a transferir acciones de la petrolera a los demandantes como forma de pago.
Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro, explicó que la resolución es consecuencia directa del fallo favorable. Indicó que se trata de una medida "lógica".
El objetivo es evitar decisiones contradictorias mientras se define la situación de fondo. La justicia estadounidense prefiere esperar antes de avanzar en reclamos que podrían quedar sin sustento legal.
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La medida de EEUU, destinada a ejercer presión sobre Irán, deja en el aire un frágil alto el fuego y sin un final a la vista para el estrangulamiento de las exportaciones energéticas, aunque el ánimo en las salas se inclinaba hacia la esperanza de una resolución.
El principal beneficiario del litigio es el fondo Burford Capital. Este fondo compró los derechos de los accionistas minoritarios originales y financió toda la batalla judicial.
Burford aún dispone de dos instancias para intentar revertir la decisión. Puede solicitar una reconsideración ante el pleno de la Cámara de Apelaciones. También puede recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos mediante un pedido de certiorari.
No obstante, especialistas consideran que ambas opciones presentan dificultades significativas. El pleno de la Cámara rara vez revierte fallos unánimes de sus paneles. La Corte Suprema, por su parte, acepta menos del 2% de los certiorari que recibe cada año.
En los últimos días, Burford solicitó una prórroga hasta el 8 de mayo para presentar su pedido de revisión. Argumentó que su abogado principal, Paul Clement, enfrenta compromisos profesionales y personales que le impiden cumplir con los plazos originales.
Tras conocerse el fallo, el fondo calificó la resolución como "decepcionante". Sostuvo que representa un retroceso en los derechos de los accionistas minoritarios.
La realidad es que el tiempo juega en contra de Burford. Cada mes que pasa sin ejecutar el fallo original debilita su posición negociadora y encarece el costo del litigio.
Cómo se originó el litigio millonario por YPF
El litigio se originó en 2012. Ese año, el Estado argentino expropió el 51% de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
En ese proceso, el control de la compañía pasó de la española Repsol al Estado nacional. La medida buscaba recuperar el manejo estratégico de los recursos energéticos del país.
Los demandantes -accionistas minoritarios que luego cedieron sus derechos a Burford- sostuvieron que el país violó el estatuto de la empresa. Su argumento central fue claro: Argentina debía lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) para comprar las acciones restantes en iguales condiciones.
Este argumento fue aceptado en primera instancia por la jueza Preska. Ella consideró que la Argentina debía resarcir a los accionistas afectados por no haber respetado ese mecanismo.
Sin embargo, la Cámara de Apelaciones introdujo un cambio sustancial en la interpretación jurídica. El tribunal sostuvo que, de acuerdo con la legislación argentina, los estatutos de una sociedad anónima tienen carácter organizativo interno.
En consecuencia, concluyó que los estatutos no constituyen contratos exigibles entre el Estado y los accionistas privados, y que por lo tanto no correspondía reconocer una obligación indemnizatoria automática derivada de la expropiación.
Además, el jefe de Gabinete y la secretaria General de Presidencia viajarán a Vaca Muerta el jueves. También habrá una cumbre de la mesa política en Casa Rosada y una ofensiva en Diputados con foco en las declaraciones juradas de la oposición.
Qué argumentos usó Argentina para ganar en Apelaciones
El criterio de la Cámara remarcó un punto central: las decisiones del Congreso y las leyes nacionales prevalecen sobre los estatutos societarios. Este razonamiento fue clave para descartar los reclamos por incumplimiento contractual.
Argentina argumentó que una expropiación aprobada por ley del Congreso no puede quedar subordinada a cláusulas de estatutos privados. La soberanía legislativa del Estado está por encima de acuerdos corporativos.
El tribunal aceptó esta línea argumental. A partir de esta interpretación, la Cámara revocó parcialmente la sentencia de primera instancia y ordenó continuar el proceso conforme a estos lineamientos.
Este fallo representa un precedente importante. Establece que la expropiación por razones de interés público, cuando está respaldada por una ley del Congreso, no genera automáticamente una obligación de resarcimiento contractual a favor de accionistas minoritarios.
Qué estrategias intentó Burford durante el juicio
A lo largo del juicio, Burford impulsó diversas estrategias para ejecutar el fallo inicial. El fondo no se limitó a esperar una sentencia definitiva.
Pidió declarar a la Argentina en desacato. Solicitó la transferencia de acciones estatales en YPF como forma de cobro anticipado. Intentó demostrar la existencia de un "alter ego" entre la empresa, otros organismos y el Estado.
La teoría del "alter ego" buscaba perforar el velo corporativo de YPF. Si Burford lograba demostrar que YPF es indistinguible del Estado argentino, podría ejecutar el fallo contra cualquier activo estatal, no solo contra acciones de la petrolera.
Todos estos intentos fracasaron o quedaron en suspenso. La justicia estadounidense mostró cautela ante pedidos que implicaban forzar la ejecución antes de agotar todas las instancias de revisión.
Qué pasa ahora con el caso y cuándo se define
Con la decisión de suspender las apelaciones, el proceso queda ahora condicionado a la eventual firmeza del fallo favorable al país. Si las instancias de revisión solicitadas por el fondo no prosperan, la posición argentina se vería fortalecida y se limitarían las posibilidades de ejecución de la sentencia original.
En paralelo, Burford dejó abierta la posibilidad de recurrir a un arbitraje internacional bajo tratados de inversión. Esto podría abrir un nuevo frente legal, aunque con características diferentes al litigio actual.
Un arbitraje internacional no sería ante tribunales estadounidenses, sino ante paneles del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) u otros organismos similares. Las reglas del juego cambiarían por completo.
Mientras tanto, la causa continúa en una etapa de definición clave. El desenlace tendrá impacto potencial tanto en las finanzas públicas argentinas como en la relación del país con los mercados internacionales, especialmente en un momento en que el gobierno de Javier Milei busca normalizar el acceso al crédito externo.
La suspensión de apelaciones da tiempo al Estado argentino. Le permite preparar mejor su defensa y evita presiones inmediatas sobre el pago de una eventual condena millonaria.
Fuente: Iprofesional
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