En el inicio de 2026, la economía argentina transita una etapa de transición atravesada por contrastes, aunque con un eje definido: la consolidación de un proceso de estabilización macroeconómica apoyado en el superávit fiscal y una política monetaria orientada a normalizar el esquema cambiario. En ese marco, organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo proyectan un crecimiento cercano al 3,8% para este año, en un escenario impulsado por reformas estructurales, incentivos a la inversión y una menor presión fiscal.

Entre las herramientas centrales del nuevo esquema aparece el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que permitió destrabar proyectos de gran escala en sectores estratégicos como petróleo, gas y minería. A eso se suman la baja de retenciones a economías regionales y la reducción de aranceles para bienes de capital e insumos productivos, medidas que apuntan a mejorar la competitividad y abaratar costos para la producción.

El crecimiento, sin embargo, no se distribuye de manera uniforme. Economistas como Daniel Garro, José Vargas y Osvaldo Giordano coinciden en que los sectores más dinámicos son energía, hidrocarburos, minería, agroindustria, servicios financieros y economía del conocimiento. Los datos reflejan esa tendencia: la intermediación financiera creció 24,7% en 2025, la minería y canteras avanzaron 8% y el superávit energético alcanzó los 7.815 millones de dólares. En contrapartida, la industria y la construcción muestran caídas y siguen entre los rubros más golpeados por el cambio de modelo.

El impacto de actividades como Vaca Muerta ya empieza a extenderse sobre otras áreas de la economía, como logística, transporte, infraestructura y servicios industriales. En ese contexto, el RIGI es señalado por parte de los analistas como una pieza clave para atraer capitales de largo plazo, aunque también surgen advertencias sobre sus límites: algunos especialistas remarcan que se trata de inversiones de maduración lenta y que la reducción parcial de retenciones o la baja de aranceles todavía no alcanzan para transformar por completo el entramado productivo.

Al mismo tiempo, el contexto internacional abre oportunidades para la Argentina, sobre todo en energía y litio, dos sectores con fuerte potencial exportador. Pero ese horizonte convive con desafíos persistentes. La inflación, aunque descendente, cerró 2025 en 31,5% y todavía se proyecta en torno al 24% para 2026. A eso se suma un desempleo del 7,5% al cierre del año pasado y una informalidad del 43%, en un escenario donde el crecimiento se concentra en actividades que no siempre generan empleo masivo.

El nuevo rumbo económico también expone a los sectores que durante años dependieron de subsidios, protección o distorsiones de precios. La industria textil, el calzado, el ensamblaje electrónico, la obra pública y muchas pymes enfocadas en el mercado interno enfrentan mayores dificultades para sostenerse. Así, la economía argentina muestra dos velocidades: una vinculada a los sectores con ventajas comparativas y capacidad exportadora, y otra integrada por actividades que todavía no logran adaptarse al nuevo esquema.