El Ministerio de Economía renovó la totalidad de los vencimientos por $9,6 billones y retiró del mercado otros $820.000 millones. Además, colocó su bono en dólares a una tasa menor que la de la emisión anterior.
El Gobierno encontró un alivio en el mercado de capitales. En la última licitación de deuda, el Ministerio de Economía logró renovar el 100% de los vencimientos por $9,6 billones y, además, absorbió unos $820.000 millones adicionales, en una señal que le permitió a Luis Caputo reforzar su discurso de control sobre la cantidad de dinero en circulación.
El resultado marcó un cambio respecto de licitaciones previas, ya que el Tesoro no solo evitó liberar pesos al mercado sino que volvió a retirarlos sin necesidad de convalidar tasas más altas. Por el contrario, la colocación mostró una compresión de rendimientos, algo que en el equipo económico leyeron como una señal de que los inversores siguen apostando a una desaceleración inflacionaria en el mediano plazo.
La operación fue además el debut de Federico Furiase como secretario de Finanzas. En el menú reaparecieron los títulos a tasa fija, aunque más de la mitad del volumen adjudicado quedó concentrado en bonos ajustables por CER, en su mayoría de corto plazo, pero también con vencimientos más largos que llegaron hasta 2028. Según destacaron fuentes oficiales y privadas, eso permitió extender la duration promedio de la deuda colocada.
Uno de los focos de atención estuvo puesto en el bono en dólares que el Gobierno ofrece en el mercado local para captar divisas a un costo inferior al que obtendría en el exterior. Después de una primera colocación que ya había sorprendido por su baja tasa, esta vez el Tesoro volvió a adjudicar los US$150 millones previstos y lo hizo con un rendimiento de 5,6%, por debajo del 5,8% de la licitación anterior.
El resultado fue celebrado por el oficialismo no solo por su impacto financiero sino también por su lectura política. En la Casa Rosada sostienen que este tipo de colocaciones reflejan un riesgo percibido mucho más bajo para la deuda de corto plazo que el que muestra el índice país tradicional, en una apuesta a demostrar que el mercado todavía convalida la estrategia económica del Gobierno pese al traspié inflacionario de febrero.

Las autoridades nacionales no tienen previsto ninguna acción, luego de que se conocieran un supuesto contrato y chats de una ministra con los involucrados en la causa. Aunque la Procuración General presentó una denuncia por las filtraciones, el Ministerio de Justicia no intervendrá