La minera Vicuña, conformada por la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, anunció una inversión total estimada en US$18.000 millones para desarrollar los proyectos Josemaría y Filo del Sol en la provincia de San Juan, uno de los mayores planes de desembolso en minería metalífera en Argentina en la última década.

Según la Evaluación Económica Preliminar (PEA) difundida por la empresa, la primera etapa requerirá alrededor de US$7.000 millones entre 2027 y 2030, año previsto para el inicio de la producción. El proyecto contempla la explotación de cobre, oro y plata durante varias décadas y supera las estimaciones preliminares que circulaban en el mercado, de acuerdo con reportes internacionales.

La compañía proyecta que, durante los primeros 25 años completos de operación, la producción anual promedio alcanzará 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata. En los primeros diez años, las cifras acumuladas ascenderían a 2,5 millones de toneladas de cobre, 5,5 millones de onzas de oro y 214 millones de onzas de plata.

El plan está dividido en tres fases. La primera se enfocará en el desarrollo a cielo abierto del yacimiento Josemaría y la construcción de una planta concentradora con capacidad de expansión. La segunda avanzará sobre los recursos de óxidos de Filo del Sol e incorporará una planta de recuperación de minerales. La tercera contempla ampliar la capacidad industrial y explotar los sulfuros del mismo yacimiento, con un procesamiento estimado de hasta 293.000 toneladas diarias y parte de la infraestructura bajo esquemas de tercerización.

El CEO de Vicuña, Ron Hochstein, definió al distrito como "uno de los más relevantes del mundo aún no desarrollados" y sostuvo que el emprendimiento podría impulsar inversión extranjera, empleo y exportaciones a largo plazo.

El anuncio llega en un momento en que Argentina busca reposicionarse como productor de cobre, tras el cierre de la mina Alumbrera en 2018, y aprovechar la creciente demanda global del metal vinculada a la electrificación y la transición energética. En ese contexto, la empresa solicitó adherirse al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que otorga beneficios fiscales y estabilidad normativa a proyectos estratégicos.

La decisión final de inversión está prevista hacia fin de año. Si se confirma, habilitaría el despliegue del capital inicial y el inicio de las obras principales a partir de 2027, paso clave para transformar el proyecto en una de las apuestas mineras más ambiciosas del país.