En una carrera contra reloj, el Gobierno hizo uso hasta el último minuto de los poderes que le delegó el Congreso para aplicar cambios en organismos públicos y tratar de ir lo más a fondo posible con la motosierra.

El lunes, el vocero Manuel Adorni anunció la desaparición de la Dirección de Vialidad, clave para la obra pública y, según voceros oficiales, el organismo "sensible" utilizado por los gobiernos kirchneristas -Alberto Fernández incluido-, para beneficiar a un cartel de empresarios que aprovecharon para hacer enormes ganancias, a sabiendas de que no tendrían competencia. Milei habla de la "Cámara Argentina de la Construcción".

"Eran una decena de empresas constructoras que se repartían las obras", denunció el ministro de Desregulación, Federico "El Coloso" Sturzenegger, tras descubrir, según explicó, que las principales licitaciones estaban digitadas con la regla del "10 por ciento".

"Nadie podía ofertar por más del 10% de la obra. De esa manera, las diez empresas que participaban se garantizaban un tramo, no importa el precio que pidieran", reveló Sturzenegger.

La "Causa Vialidad" fue el talón de Aquiles para la Cristina Kirchner -dos veces presidenta a la Nación, y una vez vicepresidenta-, y la dirigente que influyó, sea como oficialista o como oposición, en los últimos 25 años de la vida política de la Argentina. Ahora cumple una pena de seis años de prisión, con tobillera electrónica, en una de sus numerosas propiedades (San José 1111).

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Tras eliminar el lunes la Dirección de Vialidad -entre otros organismos-, el Gobierno dio de baja o transformó otros relacionados con la industria y el campo, y dependientes del Ministerio de Economía.

El objetivo, se explicó, es reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal, mejorar su funcionamiento y reducir el gasto público. Pero las intenciones no solo quedan allí, ya que esta movida le permitirá a la administración de Javier Milei concentrar una caja que llegaría a los $550.000 millones. En un año electoral. Vialidad se ocupaba del mantenimiento de los más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales, con más de 5.500 trabajadores en todo el país.

"Hay mucho terreno para trabajar, esto no termina acá", explicó a iProfesional uno de los especialistas que está asesorando al Gobierno en esta "transformación".

"La corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el presidente Javier Milei", dijo Adorni. Y para intentar acallar las críticas a la medida, aseguró que rápidamente se abrirá la licitación de más de 9.000 kilómetros de rutas.

De paso, el Gobierno lanzó una fuerte chicana al kirchnerismo: "Tras décadas de despilfarro y corrupción, las rutas se vieron degradadas, como nunca antes", disparó.

Desde la oposición también lanzan munición gruesa, y denuncian que por las políticas de desregulación impulsadas por el Gobierno, no se realizó inversión alguna en obra pública desde diciembre de 2023, cuando asumió Milei.

En total, el Gobierno modificó a fondo 5 organismos estatales relacionados con lo agropecuario, y dispuso una transformación profunda en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). Solo este último organismo tenía un presupuesto de $ 230.000 millones.

Cuando el Gobierno deja trascender que la motosierra no termina, alude, entre otras cosas, a que ahora podrá disponer de inmuebles y vehículos de los organismos disueltos, porque pasarán a manos de la Administración de Bienes del Estado, que podrá disponer de ellos a discreción.

Para ello, ya se está elaborando un listado actualizado de la flota automotor, aérea y naval, así como de la maquinaria agrícola, industrial y vial. Pero también se impulsará la venta de bienes inmuebles asignados a esos organismos. Y se buscará reducir la cantidad de espacios en alquiler. "Habrá revelaciones increíbles", prometen desde las oficinas de Sturzenegger.

De todas maneras, hay alerta en la oposición, porque están convencidos de que el Gobierno avanzará en forma decidida en la venta de tres compañías claves, que empezaron a dar superávit y son apetecidas por importantes grupos empresariales. Forman parte de las ocho empresas públicas cuya privatización fue aprobada en la Ley Bases.

"Casualmente, quieren acelerar las ventas de las compañías que dieron resultados financieros positivos en el primer semestre", dijo un dirigente kirchnerista que conoce a fondo el funcionamiento de varias de estas compañías.

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En la lista de las primeras a privatizar está Corredores?Viales, que tuvo un superávit mayor a los $ 5.000?millones en el primer semestre. "Corredores ganó mucha platita a cambio de que muchas obras estén atrasadas", disparan desde el kirchnerismo.

A esa compañía se suma Intercargo, la empresa que brinda servicios aeroportuarios. Obtuvo una ganancia de casi $6.000 millones entre enero y junio últimos.

Y la tercera "joya" es Nucleoeléctrica, a cargo de las centrales Atucha I, II y Embalse. Su ganancia superó los $17.000 millones.

Igual, se registran alarmas entre la oposición por la caída en los beneficios de Nucleoeléctrica, que pasó de tener $142.000 millones en el primer trimestre del año anterior, a apenas $17.200 millones actuales. Este desplome, advierten, le restaría espacio a futuro como actor estratégico en el mundo de la energía.

Fuente: Iprofesional