En busca de la verdad
En busca de la verdad
El Gobierno busca aminorar la carga fiscal, lo cual será difícil al no contar con la recaudación del impuesto PAIS. ¿Qué se puede recortar?
El 2025 será un año electoral en que el Gobierno jugará fuerte para trata de obtener una buena cantidad de diputados, con el fin de fortalecer el lado más vulnerable de La Libertad Avanza, su falta de peso en el Congreso para avanzar con iniciativas propias.
Una de las estrategias para lograr ese objetivo será mostrar que es capaz de bajar la inflación y mantenerla en un sendero del 1% mensual.
Y sostener ese éxito, a pesar de la mejora esperada de la actividad económica, del 5% para el 2025.
Con nula emisión monetaria, superávit fiscal y comercial, y acumulación de reservas, el equipo del ministro de Economía, Luis Caputo, considera posible cumplir el objetivo de aportar a la victoria de los representantes mileístas.
En el marco de esa estrategia, el Gobierno espera también impactar con una rebaja impositiva que se note en el aparato productivo y también en los bolsillos de los consumidores.
La gestión libertaria trabaja en una reforma tributaria, una de las promesas realizadas al Fondo Monetario Internacional que fue parte de la campaña con la que Milei ganó las elecciones en 2023.
En medio de las conversaciones informales por un nuevo acuerdo con el organismo multilateral, el equipo económico evalúa cambios para el sistema impositivo.
El objetivo es brindar al aparato productivo y los inversores de un contexto adecuado para volcar sus capitales a la Argentina, y crear empleo.
Con una menor carga fiscal sobre las transacciones financieras y las exportaciones, y el escenario de deuda despejado, cree que ya no quedarán excusas para no invertir en el país.
La meta no es fácil, ya que a fin de año quedará eliminado el impuesto PAIS, uno de los gravámenes que más recauda.
El Impuesto PAIS se implementó como una medida de emergencia en el contexto de restricciones cambiarias y se aplica a la compra de divisas extranjeras, servicios y bienes en el exterior, así como a la adquisición de servicios digitales provenientes del extranjero. Su objetivo principal fue mitigar la fuga de capitales y estabilizar las reservas.
El 25 de diciembre próximo dejará de aplicarse y eso genera un desafío enorme en materia de recaudación.
Es que, desde su implementación, el Impuesto PAIS fue ganando relevancia en la recaudación, especialmente en momentos de baja actividad económica. Esto se debe a que, en un escenario de estancamiento, el movimiento de divisas y el consumo de productos importados suelen ser más constantes que otros indicadores económicos internos.
Sin embargo, esta dependencia también ha generado debate sobre su impacto en la economía y en el poder adquisitivo de la población.
En octubre, por el impuesto PAIS se recaudaron unos $394.000 millones. Proyectado, esto sugiere que su eliminación obligará al Fisco a buscar ingresos extra por unos $5 millones anuales.
A pesar de semejante cifra, hay optimismo en el equipo económico en que la mejora de la actividad económica y una mejor ingeniería de recaudación que permita reducir la evasión, posibilitarán cubrir buena parte de esos fondos.
Milei considera clave eliminar el Impuesto PAIS porque impone una carga adicional a los ciudadanos y empresas, encareciendo los bienes y servicios adquiridos en el extranjero. Además, sostiene que la eliminación del impuesto podría incentivar el consumo y la inversión, promoviendo un entorno económico más dinámico y competitivo.
Pero expertos alertan que su eliminación podría alentar el gasto en el exterior, potencialmente afectando a la balanza de pagos y las reservas internacionales.
Sin embargo, el Gobierno considera que su desaparición aliviará el costo de vida para quienes dependen de bienes y servicios importados.
En este escenario, la administración mileísta apunta sus cañones a la reducción de otros gravámenes, como las retenciones, el impuesto al cheque y, en acuerdo con las provincias, la baja de las alícuotas de Ingresos Brutos.
Serían señales más que bienvenidas por un sector privado que le sigue apuntando a la excesiva carga tributaria de la Argentina como una de las asignaturas pendientes más importantes para corregir.
Las retenciones a las exportaciones han sido una herramienta clave para la política económica. Pensadas en principio para asegurar ingresos fiscales estables y moderar los precios internos, se transformaron en una fenomenal herramienta recaudatoria, sobre todo a partir del boom de los commodities, en especial la soja.
Milei piensa en su reducción, e incluso se lo ha prometido al sector agropecuario en distintas oportunidades. Considera que esta medida podría beneficiar significativamente al sector exportador, mejorar la competitividad y fomentar el crecimiento.
El Gobierno considera que eliminar las retenciones permitiría a los productores argentinos competir en igualdad de condiciones en el mercado internacional.
No solo aumentaría la rentabilidad del sector, sino que incentivaría la inversión y la modernización tecnológica.
Al mejorar la competitividad de las exportaciones argentinas, se esperaría un aumento en el volumen de exportaciones, lo cual podría traducirse en un crecimiento económico sostenido.
No obstante, la eliminación de las retenciones también plantea desafíos fiscales.
Los derechos de exportación recaudaron $575.606 millones en octubre último, con una suba nominal del 384%, mientras que los aranceles de importación dejaron $422.664 millones, con un incremento nominal del 173,1%.
Proyectados al año, los ingresos por impuestos a las ventas al exterior rondan los $7 billones anuales.
Dado que estas retenciones representan una fuente significativa de ingresos para el Estado, su eliminación podría crear un vacío en la recaudación tributaria a corto plazo.
El impuesto a los débitos y créditos bancarios fue creado por Domingo Cavallo durante la crisis a finales de los '90, y su capacidad de recaudación fue creciendo en forma exponencial, de tal forma que ningún gobierno lo quiso eliminar.
Se trata del gravamen más cuestionado por los sectores pequeños y medianos de la economía, que lo consideran "distorsivo".
Si bien en principio fue creado como una solución temporal para aumentar la recaudación, se mantuvo durante casi 25 años.
En octubre, este cuestionado gravamen recaudó $950 mil millones. Es decir, su potencial recaudatorio ronda los $12 billones anuales.
Este tributo grava todas las transacciones financieras realizadas a través de cuentas bancarias, lo que puede desincentivar el uso del sistema financiero y fomentar la economía informal. Además, afecta de manera desproporcionada a las pequeñas y medianas empresas, que dependen en gran medida de las transacciones bancarias para su operatividad diaria.
Milei ha señalado que la eliminación del impuesto al cheque es crucial para fomentar la actividad económica y reducir la carga tributaria sobre los contribuyentes.
Uno de sus objetivos es no coparticipar este impuesto, porque cree que de esa forma será más fácil aprobar su eliminación en el Congreso.
La reducción del impuesto al cheque podría incentivar una mayor utilización del sistema bancario y reducir la informalidad en las transacciones financieras.
Pero el Estado debería encontrar fuentes alternativas de ingresos para compensar la pérdida de recaudación, lo que podría implicar ajustes fiscales en otras áreas.
Según un informe de la fundación Libertad y Progreso, "se puede bajar impuestos en Argentina y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Para ello hay que bajar el gasto público transformando subsidios en trabajo privado productivo, también reduciendo la estructura del Estado y la burocracia. Esto último también reduce el costo privado de lidiar con la burocracia y por ende los precios".
El propio ministro Caputo dijo que "la Argentina tiene, a pesar del ajuste que hemos hecho, siete u ocho puntos de impuestos que no pueden estar". Considera que se debería empezar por retenciones, Débitos y Créditos (impuesto al cheque) y a nivel provincial Ingresos Brutos.
"Estos son los tres peores impuestos. En la medida que tengamos superávit fiscal, no tengan dudas, de que los vamos a ir eliminando", prometió.
El equipo liderado para diseñar una reforma tributaria está a cargo del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, a quien secunda Claudia Balestrini en la Subsecretaría de Ingresos Públicos. Es dudoso que esa propuesta llegue al Congreso antes del 2025.
Pero avanzar con una reforma tributaria le permitiría al Gobierno exhibir otro logro ante el FMI, ya que en uno de los documentos presentados ante el organismo la Argentina se comprometió a eliminar y bajar impuestos para potenciar el desarrollo de los procesos productivos que lleva adelante la actividad privada y la exportación de bienes y servicios".
Según un reporte elaborado por la Unión Industrial Argentina (UIA), en un estudio comparativo de 30 países que representan el 86% del PBI mundial, la Argentina se ubica en el puesto 10 entre los países con mayor presión fiscal. Si solo se tiene en consideración el sector formal, el país encabeza el ranking con casi 51 por ciento.
El 90% de los recursos nacionales provienen de Ganancias de sociedades, IVA, Débitos y Créditos y Bienes Personales. En las provincias Ingresos Brutos y Sellos representan el 84% de la recaudación. Las tasas de Seguridad e Higiene en los municipios tienen un peso del 34 por ciento.
Desde el sector privado se quejan de que muchas veces se cobran tasas, como las viales, y no se da una contraprestación.
Además, en la práctica, varias terminan siendo inconstitucionales porque se transforman en impuestos análogos, en general, al IVA, que es un impuesto nacional coparticipable y por ley, no pueden hacerlo. Con los aumentos que hubo en el último tiempo, es un coste relevante para las empresas".
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El Ejecutivo se mantiene inflexible ante las demandas provinciales sobre recursos y obras, pero no demorará el giro al Congreso del proyecto para eliminar las PASO, a pesar de que no tendría respaldo suficiente. Los gobernadores de JXC presionan y exigirán un encuentro con Francos, Santiago Caputo y Luis Caputo.
A nivel provincial, el impuesto que más afecta a las compañías es Ingresos Brutos, que tiene un efecto 'cascada' al no permitir computar lo que se pagó como crédito en la etapa anterior, entonces se va acumulando. E incluso la peor situación es cuando los precios suben más por la aplicación del impuesto que lo que se recauda por él. Perjudica principalmente a las pymes.
De acuerdo con KPMG Argentina, Ingresos Brutos es el gravamen más nocivo y uno de los que mayor impacto tiene en precios.
Hay un 20% de compañías que prefieren, en determinadas provincias, no vender, evitando pasar por su incidencia impositiva. Las que más mencionan son Tucumán y Misiones.
El director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, Nadin Argañaraz, dijo que si el Gobierno quiere avanzar en una baja de impuestos provinciales o tasas municipales, necesita un acuerdo fiscal.
En el Pacto de Mayo firmado por 18 gobernadores, se llamaba a una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. Pero el Consejo que se pretendía conformar para debatir esta y otras cuestiones ni siquiera se ha definido.
En este escenario, todos los tributaritas coinciden en que el gravamen más distorsivo es de débitos y créditos bancarios.
A todos estos tributos se suma Impuestos Internos, que se aplican por ejemplo al tabaco, bebidas alcohólicas, vehículos y seguros, entre otros.
El ministro de Desregulación y Transformacion del Estado, Federico Sturzenegger, dijo que antes que bajar impuestos la clave está en reducir el gasto público.
Según el ranking del International Institute for Management Development, la Argentina ocupa el puesto 66 de 67 países, en competitividad. Está casi última.
La UIA advierte que esto está a contramano de los objetivos estratégicos para recuperar la dinámica del crecimiento y de la inserción exportadora.
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