Desde hacía años, él conservaba con orgullo su Peugeot 404, un auto antiguo que cuidaba como parte de su historia familiar. El 22 de mayo de 2015 llegó al predio municipal de una localidad del norte bonaerense para realizar la verificación técnica obligatoria, un trámite más dentro de su rutina. Estaba esperando en el sector indicado cuando, sin aviso, una camioneta atravesó la delgada separación entre dos áreas del terreno y lo embistió de lleno. La conductora estaba rindiendo el examen práctico de manejo organizado por el municipio. Aquella fracción de segundo cambió su vida para siempre.

La violencia del impacto lo dejó inconsciente. Después vinieron las ambulancias, los hospitales, los diagnósticos: politraumatismos, lesiones en la zona lumbar, dorsal, cervical y en una rodilla. Su recuperación fue lenta y dolorosa; necesitó inmovilizadores, collar cervical y un largo proceso de rehabilitación. Un informe médico determinó luego que su incapacidad física permanente superaba el 21 por ciento. Un peritaje psicológico sumó otro golpe: existía daño psíquico con secuelas persistentes. Mientras tanto, su vehículo quedó afectado, y durante meses no pudo usarlo, lo que sumó más gastos, molestias y pérdidas.

A partir del accidente comenzó una disputa judicial que se extendió por años. Él reclamó la reparación de los daños físicos, el perjuicio económico por no poder usar su auto, las reparaciones del rodado y el menoscabo moral y psicológico que arrastraba desde aquel día. También solicitó el resarcimiento por gastos médicos y traslados. La jueza en lo Contencioso Administrativo de San Isidro entendió que la municipalidad y la empresa concesionaria de la VTV no habían cumplido con su deber de brindar un entorno seguro. Consideró que la previsibilidad de incidentes en exámenes de manejo exigía barreras adecuadas y controles estrictos, algo que no ocurrió.

La sentencia rechazó la responsabilidad de la conductora y del dueño de la camioneta, ya que participaban de una prueba organizada por la autoridad municipal. En cambio, asignó un 70% de responsabilidad al municipio y un 30% a la concesionaria, señalando incluso que esta última indicaba estacionar junto a un alambrado endeble que no protegía a los usuarios de los riesgos del examen práctico. Ambas fueron condenadas a pagar de manera solidaria una indemnización cercana a los 5,8 millones de pesos, actualizada por IPC e intereses. El fallo aplicó el viejo Código Civil, vigente al momento del hecho.

Años después, él sigue cargando con las secuelas físicas y emocionales de aquella mañana. Lo que empezó como una simple verificación vehicular terminó convirtiéndose en un punto de quiebre: una historia marcada por el dolor, la búsqueda de justicia y la confirmación de que una omisión en la seguridad estatal puede cambiar una vida para siempre.