El Gobierno eliminó 14.000 empleos en la administración pública nacional desde la asunción de Javier Milei hasta fines de marzo y no pagará indemnizaciones. 

Para argumentar su decisión, el Gobierno indicó que no hubo despidos masivos, sino “bajas" de contratos, una postura con la que buscan desalentar los juicios laborales, aunque los especialistas creen que habrá reclamos igualmente. La decisión se conoció faltando dos semanas para el vencimiento de una nueva tanda de contratos.

Las definiciones surgen del informe de gestión de más de 1.000 páginas que presentó ayer por primera vez el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en el Senado. Allí, se señala que “con respecto a las bajas, al 31/03/2024 se registran un total de 14.000 bajas en la Administración Centralizada y Descentralizada” y que "el personal cesanteado no equivale a personal cuyo contrato no ha sido renovado" ya que la cesantía es una sanción (Ley N° 25.164) a la cual se arriba mediante proceso sumarial.

Ante las preguntas que le enviaron varios legisladores sobre la situación de los empleados públicos, Posse señaló en el documento oficial que el personal contratado no renovado “no requiere ser suplido en tanto que obedecen, justamente, a una readecuación de funciones y alcances de los Organismos que integran la APN (Administración Pública Nacional)".

“En líneas generales, no se llevaron a cabo despidos masivos, sino que el Estado, en uso de sus facultades discrecionales y su poder de administración, optó por la no renovación de personal contratado por tiempo determinado bajo el artículo 9º de la Ley Nº 25.164 cuyo plazo de vigencia, ya había finalizado”, afirmó la jefatura de Gabinete.

La cartera anticipó, a su vez, que “no se prevén acciones judiciales ya que las mismas carecen de fundamentos" y agregaron que "al no haber despidos, sino más bien bajas, no se prevé el pago de indemnizaciones”.