Este lunes la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sufrió un duro revés luego de que la Cámara Federal de Casación Penal decidiera reabrir la causa de Hotesur – Los Sauces. De esta manera CFK, al igual que otros 26 acusados, deberán ser juzgados en un juicio oral.

 Los imputados son parte de la familia de la Vicepresidenta, como su hijo Máximo, allegados directos, ex funcionarios y privados que participaron de lo que la Justicia calificó como “un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito”. 

Lo que se investiga en el caso es si a través de las sociedades “Los Sauces” y “Hotesur” se canalizaron fondos del estado nacional de manera ilegal. Puntualmente, a través de contratos de alquileres.  

Las dos empresas fueron creadas por Néstor y Cristina Kirchner y de sus directorios formaban parte sus hijos, Máximo y Florencia. “Hotesur” era la compañía propiedad de hoteles de los Kirchner como “Alto Calafate” o “Las Dunas” que administraba el empresario Lázaro Báez a través de su empresa “Valle Mitre”. 

Báez fue el mayor empresario de la obra pública en Santa Cruz beneficiado por los Kirchner. De hecho, en diciembre pasado tanto él como la actual vicepresidenta fueron condenados por el Tribunal Oral Federal 2 por esas irregularidades. La hipótesis es que la plata que Báez recibió del estado nacional y no inyectó a las obras públicas que le habían sido asignadas las derivó a los Kirchner en esos alquileres. 

La Justicia ordenó reabrir la causa de Hotesur - Los Sauces y Cristina irá a juicio por lavado de dinero

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Fue la Cámara de Casación la que resolvió anular el sobreseimiento de la vicepresidente, como así también de su hijo máximo. También se reabrirá la causa del Memorándum de entendimiento con Irán.

“Los Sauces” era una compañía similar pero que alquilaba viviendas y departamentos de los Kirchner tanto en la provincia de Santa Cruz como en la ciudad de Buenos Aires. Allí también aparece Báez como locatario junto a otros dos empresarios también acusados, Cristóbal López y Fabián de Sousa, también receptores de contratos de obra pública y otros negocios de parte de los gobiernos de los Kirchner. 

Según la acusación, Cristina Kirchner “diseñó, ejecutó y dirigió” ese esquema y otras personas “crearon y mantuvieron una compleja estructura societaria, financiera económica y contable en la que intervinieron con diferentes roles, a los fines de poner en marcha y ejecutar el proceso de blanqueo de fondos ilícitos”. 

Otras de las personas que participaron de ese organigrama según la causa fue Osvaldo Sanfelice, un hombre de suma confianza del matrimonio que era el socio de Máximo Kirchner en la inmobiliaria que tenían en Santa Cruz antes que el hoy diputado se meta de lleno en la política; Romina de los Ángeles Mercado, hija de Alicia Kirchner, actual gobernadora de Santa Cruz y sobrino de Cristina Kirchner; también Patricio Pereyra Arandía, quien fue director titular de Hotesur y que está casado con Natalia Mercado, fiscal de Santa Cruz y hermana de Romina. 

También figura Víctor Manzanares, el histórico contador de la familia Kirchner que declaró como arrepentido en el caso de lavado efectuado por Daniel Muñoz, ex secretario privado del matrimonio presidencial santacruceño, receptor de los bolsos con coimas que recogía el ex funcionario del ministerio de Planificación durante el kirchnerismo, Roberto Baratta.

Los escribanos Jorge Ludueña y Ricardo Albornoz también formaron parte de la maniobra a través de la validación de las maniobras comerciales objetadas. Carlos Sancho es otro de los hombres muy cercano a los Kirchner que aparece en el caso. Fue gobernador de la provincia y accionista y directivo de las empresas de alquileres. 

Respecto de los empresarios, la acusación señala que “diferentes operaciones comerciales e inmobiliarias con el propósito de organizar el mecanismo de lavado de activos y de que los ex presidentes contaran con los fondos para adquirir los hoteles y las propiedades que serían puestos a disposición de la maniobra”.