El extenso tercer juicio que se desarrolla en Mendoza por los abusos sexuales en perjuicio de los alumnos sordos del Instituto Antonio Próvolo de Luján, entra en la recta final. Culminó la etapa de alegatos para la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual y para los abogados de las víctimas, por lo que en las próximas audiencias será el turno de las defensas.

"Finalmente, después de 2 años y 3 meses de juicio, el Ministerio Público Fiscal y los querellantes particulares finalizamos nuestros alegatos en la causa que investiga la responsabilidad penal por omisión de denunciar los abusos sexuales contra ocho mujeres que trabajaban en el instituto", informaron a través de un comunicado los letrados de Xumex, a cargo de la representación legal de los denunciantes. .

"En una clara muestra de objetividad, responsabilidad y transparencia del fiscal Alejandro Iturbide y de los abogados de las víctimas, y ante la falta de pruebas que acrediten con la certeza necesaria para el dictado de una sentencia condenatoria sobre el conocimiento directo de los abusos sexuales que sufrían los niños y niñas que asistían, no se mantuvo la acusación de cuatro de las imputadas. Ellas son las exdirectoras Valeska Quintana, Laura Gaetán y Cristina Leguiza, y la psicóloga Cecilila Raffo", agregaron.

Pasando en limpio, no se pidió penas contra estas sospechosas y no serán condenadas.

"Cabe resaltar que, el hecho de no probarse el conocimiento directo de los abusos, no significa que el actuar de las mismas no haya sido, al menos, imprudente, al no advertir, conforme al rol esencial que tenían dentro de la institución religiosa, la cantidad y gravedad de los abusos sexuales que sufrían permanentemente niños y niñas", remarcaron.

"Distinta es la situación de las otras mujeres imputadas, a quienes, conforme las pruebas que se produjeron en el debate durante más de dos años, el Ministerio Público Fiscal y las querellas consideramos que existe la certeza necesaria para el dictado de una sentencia condenatoria, por lo que solicitamos para la exrepresentante legal del instituto, Graciela Pascual, la pena de 18 años de prisión e inhabilitación. En el caso de la monja y cuidadora del albergue, Asunción Martínez, solicitamos 10 años de prisión e inhabilitación".

En cuanto a la exdirectora Gladys Pinacca y la cocinera Noemí Paz, pidieron la pena de 3 años prisión condicional. En estos dos últimos casos, se las acusó a las imputadas por el delito de omisión de prestar auxilio y encubrimiento agravado.

El juicio seguirá el próximo miércoles 30 de agosto con los alegatos de las defensas, para luego escuchar las palabras finales de las sospechosas y proceder el tribunal al dictado de la sentencia.

Vale recordar que en el pasado mes de julio concluyeron los alegatos contra la monja japonesa Kumiko Kosaka, para quien, en esa oportunidad, el fiscal y los querellantes reclamaron 25 años de cárcel e inhabilitación.

El caso Próvolo, iniciado en 2016, ya tiene cuatro condenas firmes: en un un juicio abreviado recibió 10 años de prisión el administrativo Jorge Bordón, en tanto que en el segundo debate fueron sentenciados los curas Nicola Corradi (fallecido) y Horacio Corbacho a 45 y 42 años de cárcel respectivamente, mientras que el jardinero Armando Gómez recibió una pena de 18 años.