Un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) intenta resumir lo ocurrido durante ese período, cuantificando tanto la distribución primaria como la secundaria efectiva, más allá de todas las normativas existentes en materia de coparticipación federal de impuestos.

El trabajo incorpora un aspecto importante a la discusión sobre la distribución. “Dado que tanto a la provincia de Buenos Aires como a CABA se le han dado compensaciones relacionadas con cambios en la distribución automática de recursos durante los últimos años, se considera esencial incorporar esos recursos no automáticos en el cálculo de los coeficientes efectivos, tanto primarios como secundarios. Un ejemplo permite aclarar este punto”, dice un pasaje.

“La reducción que tuvo el coeficiente de CABA a fines de 2020 tuvo de manera paralela la determinación del envío de fondos no automáticos a la jurisdicción. Estos fondos deben ser considerados en el análisis. De lo contrario, se estaría subestimando la participación de las provincias y de CABA en la recaudación y, obviamente, la participación de CABA en la distribución secundaria”, completaron desde Iaraf.

La distribución primaria

El sistema de coparticipación de impuestos vigente está fundado en la Ley 23.548 del año 1988 con sus leyes modificatorias y complementarias, permanentemente sujetas a debate en tanto que no se apoyan en bases objetivas para establecer el reparto de recursos, a la vez que por mandato constitucional de la reforma de 1994 deberían haber sido reemplazadas en 1996 por un nuevo arreglo institucional.

Para analizar lo ocurrido en los últimos 30 años, el Iaraf recordó que inicialmente, la Ley 23.548 fijaba que el total de los recursos coparticipables se repartiera en un 42,34% para Nación, un 56,66% para provincias y un 1% para un Fondo de Aporte del Tesoro Nacional (ATN) cuyo destino era atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales. Pero en el camino se introdujeron muchos cambios, como las detracciones previas a la distribución primaria o sobre la masa coparticipable con destino a un determinado sector, también denominado “pre-coparticipación”.

Entre 2003 y 2015 el reparto a las provincias se estabilizó muy por debajo de lo que había sido en los 90s, pero volvió a crecer a partir de 2016

Puntualmente se estableció que el gobierno nacional quedaba autorizado a retener un 15% más una suma fija de 43,5 millones de pesos mensuales de la masa coparticipable con la finalidad de financiar el Sistema de Previsión o jubilatorio y otros gastos operativos. Luego se elevó el porcentaje asignado a Tierra del Fuego de 0,388% a 0,70%, modificando los coeficientes legales definitivos del régimen de coparticipación. Más adelante, y en el contexto de la crisis de 2002, se sancionó el “Acuerdo Nación–Provincias sobre Relación Financiera y Bases para un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos”.

Más adelante, en 2018, fruto del “consenso fiscal”, la masa coparticipable bruta se vio acrecentada, en parte al incorporar los fondos provenientes de la suspensión de detracciones específicas de Ganancias para Anses. Además, estableció un sistema de compensación para evitar que las provincias (excepto Buenos Aires) vean modificada su situación respecto a 2017.

Miti-miti

Esto llevó a que en 2019 y 2020 la participación del Consolidado Provincias + CABA en la recaudación tributaria nacional oscilara en torno del 50%, la más alta proporción en casi 30 años y diez puntos por encima de lo que había sido en los tres primeros gobiernos kirchneristas.

Por último, a fines del año 2020, la Ciudad autónoma de Buenos Aires tuvo un cambio en el coeficiente primario de distribución de recursos nacionales, que, en efecto, fue una baja desde el 3,5% al 1,4%. A fines del 2022, la Corte Suprema de Justicia dictó una medida cautelar que ordena entregarle a CABA el 2,95% de la masa de fondos coparticipables y a la vez retirarle los fondos que obtenía a través de la cuenta Obligaciones del Tesoro para financiar el gasto de la fuerza de seguridad.

En ese contexto, si se analiza la evolución del coeficiente de participación de cada jurisdicción en la distribución primaria de los últimos 30 años, se encuentra que solo diez lograron crecer en los últimos años. CABA fue la que presentó el mayor crecimiento, seguida en el ranking por las provincias de Chaco, Tierra del Fuego, Santa Fe y Córdoba, en tanto los restantes distritos tuvieron pérdidas relativas de variable cuantía.

“Con el tope de $650 millones establecido para dicho fondo en 1996, la participación se estabilizó apenas por debajo del 24% hasta 2002. La falta de actualización de este tope en una economía inflacionaria como lo fue la de los años siguientes, llevó a la participación secundaria de la provincia a caer año tras año hasta llegar al mínimo histórico en 2016 (18%)”, precisaron desde el organismo.

CABA, por su parte, incrementó fuertemente su participación secundaria en 2016, tras la modificación a través del Decreto 194/2016 de su coeficiente primario, que pasó de 1,4% a 3,75% (que retrocedió a 3,5% con el Consenso Fiscal de 2018) y en 2021, CABA perdió 2,3 puntos de su participación secundaria con la caída, otra vez, al 1,4 por ciento. En cierto modo, se podría decir que Buenos Aires y CABA fueron ganadoras del reparto durante los últimos ocho años, recuperación que hizo que disminuyera la participación secundaria de las demás provincias.