La caída en territorio polaco de los restos de un cohete antiaéreo ucraniano que falló al interceptar un misil ruso pudo provocar una escalada en el conflicto ucraniano que se evitó principalmente porque el Gobierno polaco mantuvo la cabeza fría y no respondió inmediatamente.

Como argumentación bajo la cual estima que están dadas las condiciones jurídicas para que el juez intervenga en un proceso que está siendo sustanciado en los tribunales de Bariloche, Stornelli afirma que en Comodoro Py avanza una causa para investigar si funcionarios del ministerio de Defensa cometieron algún delito al presentar fuera de término la apelación al fallo con que la justicia de Río Negro le otorgó a los mapuches las 180 hectáreas que desde hace décadas están en manos del Ejército.

En un breve escrito, el representante del ministerio Público solicitó el amparo para "impedir, de momento y durante la sustanciación del presente proceso penal, la producción de cualquier acto administrativo por parte del Poder Ejecutivo Nacional, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) o cualquier otro organismo público que pudiera resultar con competencia, tendiente a transferir el dominio de las tierras" en cuestión, y "cualquier otro acto que pudiera significar extraer las mismas del dominio público."

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El apuro de Stornelli, tal como él mismo lo refleja en su pedido, responde a que "la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca resolvió denegar los Recursos Extraordinarios interpuestos por el Ministerio de Defensa/Ejército Argentino y por el Ministerio Público Fiscal en el marco del citado expediente judicial" que tramita la controversia en la Patagonia. Aunque Defensa acuda a la Corte en queja, podría existir una ventana de tiempo en la cual las tierras sean transferidas a los indígenas.

Rafecas investiga la responsabilidad de los funcionarios del ministerio de Defensa Silvia Cristina Vázquez, Leonardo Gastón Havela, Agustín Gasparini y Nicolás Rodríguez Vaccarezza, por la apelación tardía que impidió discutir un primer fallo a favor de los mapuches. El juez los sobreseyó a todos, pero por la apelación de Stornelli la Cámara Federal porteña lo obligó a reabrir y continuar la investigación.

Ahora todos los imputados fueron citados a indagatoria, acusados por la "afectación de bienes de dominio público que hacen a recursos militares estratégicos para la defensa nacional."

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El fiscal recordó que el predio en cuestión “forma parte del único y distintivo complejo educativo de nivel internacional que el Ejército Argentino y las Fuerzas Armadas en su conjunto, disponen en la cordillera de los Andes para desarrollar la instrucción centralizada y especializada de su personal en técnicas básicas y avanzadas del trabajo militar en la montaña (escalamiento, marchas, tiro con armas livianas, navegación terrestre, etc.), tanto en la época invernal como la estival.”

Aunque la disputa territorial se lleva adelante en los tribunales de Río Negro, la petición de Stornelli "adquiere vida autónoma y diferenciada", pues en Buenos Aires se investiga la posible afectación de recursos estatales que hacen a cuestiones de defensa nacional; "estando a su vez acreditado el peligro en la demora y el inminente daño que podría causarse a tales intereses nacionales esenciales en caso de tornarse ejecutoria la sentencia dictada el 2 de febrero de 2022", en la que -por la extemporánea apelación de Defensa- se decidió la entrega del predio a los mapuches.