El nivel de gasto público de abril, que creció 87% respecto de un año atrás, sorprendió al propio gobierno de Alberto Fernández. Después de cumplir con las tres metas del primer trimestre del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que establece que el gasto crezca apenas por encima de la inflación, en abril se superó ampliamente al 58% del índice de precios al consumidor (IPC) y al 60% de alza de la recaudación tributaria. Las mayores erogaciones que las esperadas continúan en mayo y ya han llevado al ministro de Economía, Martín Guzmán, a pedirle en conversaciones privadas virtuales al FMI que “redefina” una de las metas, la de reducción de déficit fiscal primario (antes del pago de deuda), en el segundo trimestre, dado que considera imposible desacelerar el gasto en este periodo, aunque promete que cumplirá el objetivo de 2,5% del PBI a fin de año.

 En el Gobierno perciben que el staff técnico del organismo que dirige Kristalina Georgieva por ahora ha tomado a bien la propuesta, teniendo en cuenta que cuando el directorio -donde están representados los países miembros, pero pesan las grandes potencias- aprobó el pacto en marzo ya advirtió que la guerra de Ucrania iba a forzar a “recalibrarlo”. Los funcionarios del FMI consultados por este diario desistieron de hacer comentarios.

En el Ejecutivo explican que la invasión de Rusia, que encareció la energía y los alimentos en todo el mundo, obliga a revisar la proyección de inflación del acuerdo, que era de sólo 45% (los economistas encuestados por el Banco Central ya prevén en promedio un 65%), pero se mantendría la de crecimiento económico (4%). Ese impacto inflacionario, que también afecta al resto del planeta, ha llevado, según fuentes oficiales, a acelerar el gasto de los subsidios energéticos, dado el encarecimiento del gas importado por barco para el otoño-invierno (de US$ 8 en 2021 hasta los 45 en abril, aunque ahora bajó a 25), y también a elevar el presupuesto social, para atender a los más afectados por el alza de precios. Por ejemplo, con el Refuerzo de Ingresos que en dos cuotas, en mayo y junio, se paga a 13,6 millones de argentinos. 

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En el Gobierno señalan que las subvenciones a la energía siempre tienen mayor peso en el segundo trimestre porque es el momento en que se importa gas natural licuado (GNL) de países como Estados Unidos y Qatar para pasar la temporada de baja temperatura, pero ya en el tercer trimestre comienzan a descender. También esperan que la inflación vaya amainando en forma gradual y que, por tanto, el Refuerzo de Ingresos sea por única vez.

Pero en abril no sólo crecieron fuerte en abril las partidas de ayudas energéticas (+148,4%) y de inclusión y contención social (+126,4%, dado el aumento de la Tarjeta Alimentar y del plan social Potenciar Trabajo, entre otras medidas). También se expanden muy por encima de la inflación y la recaudación otros rubros. La inversión pública subió 85,7%, aunque es uno de los ítems que el FMI permitió elevar por encima de las demás variables, igual que el de ciencia y tecnología. Los fondos se destinaron a AySA, cloacas, trenes, rutas, viviendas y entregada de computadoras a estudiantes. Más polémica puede traer el incremento del 115% en las transferencias corrientes (gasto cotidiano, no inversión) al sector público, que el gobierno de Fernández justifica sobre todo por giros a los de Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof; la suba del 84,7% en las remuneraciones de los empleados públicos, cuyos sueldos venían atrasados; y el alza del 80,1% en el gasto en bienes y servicios, que el Ejecutivo justifica por la compra de vacunas e insumos médicos.

Además, la principal erogación del Estado nacional, que son las jubilaciones, las pensiones y las asignaciones, crece aunque apenas por encima de la inflación y la recaudación, un 65,2%, aunque por su peso en el presupuesto también empuja al alza de las erogaciones. Sin embargo, se trata de un gasto que no se puede tocar, pues varía por ley, de acuerdo con la fórmula de movilidad jubilatoria que impulsó este gobierno.

En el Ejecutivo alegan que nunca un programa económica es estático y que ya a fines de febrero, con la guerra, la realidad mundial había cambiado. Así justifican la necesidad de una revisión de metas trimestrales de acá a fin de año, pero sin tocar la anual. Eso implicará más rojo fiscal en el periodo abril-junio, pero “reorientar” -es decir, ajustar- el gasto en el tercer y cuarto trimestre. 

¿Qué áreas serán las que sufrirán la poda en la segunda mitad del año? Eso está cocinándose ahora y se conocerá en el próximo mes y medio cuando Fernández y su gabinete firmen el decreto de necesidad y urgencia (DNU) de presupuesto 2022, una exigencia del acuerdo con el FMI. Se prevé dejar un margen de flexibilidad para acumular fondos y después destinarlos a áreas que más los necesiten. Hay dos opciones de ajuste: o recortar en todos los rubros o concentrarse en los tres que más pesan y que se pueden reducir (a diferencia de las jubilaciones y asignaciones, que se actualizan por ley), es decir, subsidios económicos (eso implicaría más aumentos de tarifas de luz y gas, aunque quizá también suba del boleto de colectivo y tren en el área metropolitana de Buenos Aires, que zafó por ahora de las alzas que padecen en el interior), obras públicas y transferencias a las provincias y la capital. Las subvenciones energéticas aparecen en la mira otra vez.

En el Gobierno destacan que algunos números han mejorado de un mes a otro: por ejemplo, las importaciones de GNL se han abaratado un poco y se consiguió reemplazar parte de ella con mayor gas boliviano. Además recuerdan que en la primera mitad de 2021 el gasto estaba muy moderado, con lo que la comparación interanual con el mismo periodo de 2022 se agranda, pero en el segundo semestre del año pasado, en parte por las elecciones, las erogaciones tomaron impulso y, por tanto, la variación con respecto al próximo lapso julio-diciembre será más acotada.

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La tijera será necesaria para cumplir con la meta anual de déficit del 2,5%. En el Gobierno quieren sostener ese objetivo porque consideran que es lo que mantendrá en vigencia el plan trazado con el FMI y servirá para tranquilizar las expectativas del mercado. Sucede que Guzmán considera que el acuerdo es la receta para bajar la inflación, el principal problema que afecta a los argentinos y a los sueños de continuidad de cualquier peronismo en el poder en 2023. Además, el ministro reconoce que un cambio del objetivo fiscal anual dificultaría el cumplimento de otra meta, la de acumulación de reservas en el Banco Central.

En el Gobierno también admiten que también es difícil que se acumulen todas las reservas comprometidas en el segundo trimestre, pero no lo descartan. Observan que por la suba internacional de las cotizaciones de los granos por la guerra, los productores agrícolas están guardándolos en silobolsas. Consideran lógico que no los vendan mientras sus precios suban, pero cuando empiece a normalizarse el mercado global y cuando necesiten fondos para la siembra deberían liquidarlos.

La tercera y última meta del pacto con el Fondo, la de reducción del financiamiento monetario del déficit fiscal, sí se cumplirá en el periodo abril-junio, prometen en el Gobierno. La consideran accesible y además clave para mostrarle al mercado que no están recurriendo a la maquinita de imprimir billetes para financiar al Tesoro, de modo de calmar así las expectativas inflacionarias. Sin embargo, este viernes no le fue bien al secretario de Finanzas, Rafael Brigo, en la última colocación de deuda doméstica: consiguió renovar sólo el 94% de los vencimientos, aunque todavía puede mejorar el desempeño en la segunda vuelta de la licitación de títulos este lunes. Hay dudas en la banca extranjera sobre cómo financiarán el déficit del segundo trimestre, teniendo en cuenta que queda poco margen permitido por el acuerdo para que el Central gire recursos al Tesoro.

Además de las metas del pacto con el FMI, para Guzmán es clave en la lucha contra la inflación la coordinación de expectativas de precios y salarios con empresarios y sindicalistas. Ahora cuenta con un funcionario fiel para esa tarea, el nuevo secretario de Comercio Interior, Guillermo Hang. No sólo son amigos desde la secundaria: comparten la visión macroeconómica, a diferencia del antecesor de Hang, Roberto Feletti, que pedía una y otra vez una suba de retenciones para disociar los precios locales de los alimentos respecto de los internacionales. De todos modos, se prevé que en líneas generales Hang continúe en la misma línea de Feletti en cuanto a los acuerdos de precios.

Guzmán no quiere subir retenciones, pero sí sigue dedicado a la redacción del impuesto a la renta inesperada de las grandes empresas. Que Reino Unido haya adoptado un tributo extraordinario a las petroleras para ayuda social esta semana ratifica que no es una locura. Eso sí, el proyecto de ley que enviará al Congreso contemplará la reducción del gravamen para aquellas compañías que inviertan o tomen empleados. En el Gobierno son conscientes de que algo deben hacer para abaratar los alimentos, aunque no planean seguir el ejemplo de India de cerrar la exportación de trigo o de Indonesia, que bloqueó la de aceite de palma -competidor directo del de soja-, porque la Argentina ya cuenta con mecanismos legales para asegurar primero el abastecimiento interno de granos. Tampoco seguirá el camino del Brasil de Jair Bolsonaro, de bajar aranceles a la importación para doblegar la inflación. Fernández y Guzmán se encomiendan al sendero propio, con más ingresos por el impuesto a la renta inesperada y con ajustes imprevistos en la segunda mitad del año.

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Guzmán prepara su segunda renuncia a un compromiso pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Luego de haber debido aceptar por cuestiones políticas más que económicamente prácticas el adelantamiento de la suba del mínimo no imponible de Ganancias, ahora el ministro de Economía debió reglamentar los incrementos tarifarios en luz y gas sin activar la segmentación; lo que implica que los usuarios con mayor nivel de consumo y que debían llegar a una contracción del 10% de los clientes serán alcanzados con los mismos aumentos que la clase media.

Esto es, no más del 45/50% de incrementos en todo el año. Con esta limitación, se pone en jaque ahora la real posibilidad de la Argentina de lograr una reducción de 0,6% del PBI de los subsidios tarifarios, tal lo comprometido por el propio Guzmán ante el FMI en la firma del Facilidades Extendidas aprobado por el board del organismo el 25 de marzo pasado.

Los motivos para que el ministerio de Economía no haya podido avanzar con la segmentación, hay que buscarla dentro del Ejecutivo. Ya se sabe que el aumento comenzará a aplicarse desde junio, pero sin la eliminación del 100% de los subsidios para los sectores de mayor nivel adquisitivo del país. Al menos hasta que los estudios jurídicos aconsejados por la línea legalista del gabinete nacional los avale. Según muchos funcionarios que asesoran directamente a Alberto Fernández, el problema radica en que la segmentación tal como está pensada podría dar lugar a cuestionamientos legales por "discriminación", dado que los criterios subjetivos para los que ingresen en los aumentos provocarían levantamientos de la Justicia. Se piensa que estos criterios (por ejemplo ganar más de $315.000 mensuales en bruto o poseer tres automóviles de menos de 5 años de antigüedad), sólo podrían haberse aplicado por ley. Y no por una resolución del ministerio de Economía.

Dentro de estos controles enmarcados en las misiones del FMI, una de las cuentas más importantes para que haya tilde verde desde Washington, es que la administración de Martín Guzmán pueda mostrar en las pantallas fiscalizadoras, que el principal factor de reducción del gasto público propuesto por Argentina (bajar los subsidios a los servicios públicos) se cumple en no menos de ese 0,6% pactado. Y que, de paso, Alberto Fernández puede imponerse en un debate político contra el kirchnerismo en un capítulo clave para la credibilidad del cumplimiento del Facilidades Extendidas.

La idea general es que este incremento de tarifas se aplicaría a un 60% o 65% de los usuarios con incrementos promedio de entre 40% y 60%; mientras que a un 10% se le eliminarían totalmente los subsidios. En este último grupo ingresarán los que considere el Estado nacional que se ubican en regiones geográficas privilegiadas (en zonas de todo el país); y, fundamentalmente, a personas y familias donde se detecten ingresos que justifiquen el pago de tarifas planas.