El indicador que elabora JP Morgan volvió a superar los 1000 puntos y aumenta la incertidumbre los vencimientos de deuda del año que viene.
La suba del riesgo país volvió a poner bajo la lupa una de las principales incógnitas de la economía: cómo hará el Gobierno para conseguir los dólares necesarios para cumplir con sus compromisos de deuda en 2027. Las dudas sobre la disponibilidad de recursos configuran un escenario más exigente que el que había previsto el equipo económico cuando presentó su programa financiero.
El problema se combina con un contexto de mayor incertidumbre política a medida que se acerca el calendario electoral de 2027 y con condiciones financieras internacionales menos favorables para los países emergentes. En ese escenario, el riesgo país volvió a superar los 1000 puntos, después de haber tocado un mínimo de 402 unidades el 10 de julio.
A estos niveles, la posibilidad de refinanciar vencimientos en el mercado internacional está totalmente cerrada y también se alejan las chances de volver a captar dólares en el ámbito local. Por eso, el equipo económico tendrá que ajustar la estrategia financiera para garantizar los vencimientos y llevar calma al mercado, que espera anuncios concretos de vías alternativas para sumar dólares.
Precisamente, un informe del equipo de la consultora Criteria explicó que la mayor parte del deterioro del riesgo país responde a cuestiones locales. En ese contexto, aparecen tres elementos centrales: la disponibilidad de dólares, el programa financiero del Gobierno y la incertidumbre política vinculada a 2027.
La preocupación se concentra, principalmente, en las fuentes con las que el Tesoro proyectaba cubrir los vencimientos del próximo año. Dos de ellas se redujeron o dejaron de estar disponibles en las condiciones previstas originalmente: el remanente del programa financiero de 2026 y las emisiones locales de deuda en dólares.
De acuerdo con los cálculos de Criteria, esos cambios representan una diferencia de US$7750 millones respecto de los recursos que contemplaba el programa.
Para alcanzar esa cifra, en la firma estimaron que US$5000 millones responden a las colocaciones locales en dólares que se frenaron y US$2750 millones que se explican porque originalmente el plan oficial estipulaba un saldo de US$3700 millones y actualmente el Tesoro cuenta con US$950 millones.
El viceministro de Economía, José Luis Daza, junto al titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase. (Foto: Ministerio de Economía)
Las inquietudes por las fuentes del financiamiento para saldar vencimientos se reflejan en las variables financieras y anticipan un clima de tensión para el próximo año.
En esa línea, en LCG calcularon que el año que viene el Tesoro debe afrontar vencimientos en dólares por US$25.400 millones. De ese total, US$12.700 millones corresponden a pagos de capital e intereses de bonos Bonares y Globales; US$7800 millones a compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI); y los US$5400 millones restantes son vencimientos con otros organismos internacionales y acreedores.
El programa financiero que presentó el ministro de Economía, Luis Caputo, a principios de julio detalló estas necesidades y expresó cómo saldarlas, pero todavía hay dudas sobre si se cumplirá bajo los parámetros que fijó el Ejecutivo.
"De las fuentes previstas, pueden tomarse como más probables el desembolso de US$1700 millones por parte del FMI de acuerdo con el calendario de revisiones del acuerdo de 2025, el roll over de los vencimientos de los títulos en manos de dependencias del sector público por US$1800 millones y, en alguna medida, el refinanciamiento de los pagos a Organismos (US$4200 millones de un total de US$4800 millones, según Finanzas)", indicó LCG en un informe.
Y aclaró que por fuera de estas fuentes el Gobierno preveía acudir a emisiones de deuda locales por US$5000 millones, compras de dólares al BCRA por US$4900 millones, lo producido por privatizaciones y otras fuentes por US$3500 millones y un saldo remanente de US$3700 millones de un programa financiero que se descontaba holgado para este año. "Todos estos recursos potenciales están actualmente teñidos de dudas, en mayor o menor medida según el caso", advirtió la firma.
En materia de privatizaciones, la Ley Bases incluyó a Intercargo, ENARSA, Belgrano Cargas, AySA, SOFSE, Corredores Viales, Nucleoeléctrica (NASA) y YCRT entre las empresas sujetas a ese proceso. Sin embargo, LCG recordó que el proyecto de Presupuesto 2027 no contempla ingresos provenientes de eventuales privatizaciones.
Por otra parte, el programa financiero también menciona las emisiones locales de deuda en dólares por US$5000 millones, pero esas operaciones quedaron suspendidas hace cuatro licitaciones, desde el 14 de agosto. "Si el riesgo país no tuerce la tendencia alcista de los últimos tres meses, parece difícil que las emisiones locales en dólares (hard dollar) sean una fuente de financiamiento viable", sostuvo la consultora.
Sumado a esto, LCG planteó que otra incógnita pasa por la disponibilidad de pesos del Tesoro para adquirir dólares, en particular porque también debe afrontar vencimientos abultados de deuda en moneda local.
"No hay dudas sobre la voluntad de pago del Gobierno, aun cuando cerrar el programa financiero 2027 luzca hoy más exigente que cuando fue presentado oficialmente. Pero, en definitiva, un programa financiero que todavía no cierra, una inflación que no logra perforar el 1,5% mensual, una actividad próxima a entrar en recesión, la falta de una hoja de ruta clara para revertir este cuadro y la cercanía de las elecciones de 2027, son todos factores que inciden en el riesgo argentino", cerró la consultora.
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Las búsquedas laborales de ambas empresas se integrarán a la plataforma de Capital Humano, con oportunidades para trabajadores en relación de dependencia, independientes y de oficios.