En medio de una carrera a contrarreloj, el Gobierno mantuvo una reunión con un grupo de diputados para lograr el tratamiento y la aprobación del proyecto sobre Defensa de la Soberanía Nacional de las Islas Malvinas, este martes 27 de octubre habrá un plenario en donde el oficialismo buscará dictaminar el proyecto y enviarlo al recinto.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, de la reunión participaron el vocero presidencial, Adrián Ravier; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y participaron diputados nacionales de distintos partidos, del PRO, del MID e incluso del Partido Justicialista (PJ).

La carrera por el tratamiento del proyecto viene frenada. El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto se postergó para el 27 del corriente mes a las 16 horas, donde se verá si al oficialismo le alcanza o no para conseguir dictamen. Sin embargo, y en caso de que lo logren, pocos apuestan a una sesión este mismo miércoles 28 de octubre, la última fecha libre que aparece en el calendario para aprobar el proyecto en el recinto.

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El mayor problema es que noviembre es un mes "sold out": con un calendario presumiblemente saturado, donde dominará la discusión del Presupuesto y dejará pocos resquicios para tratar otras agendas. Pero además presenta otros inconvenientes a la hora de encontrar una fecha plausible de sesión: los feriados por la visita del Papa León XIV y las elecciones de medio término en Estados Unidos complican la planificación legislativa.

"Esperamos que la semana que viene haya dictamen favorable del proyecto para poder ir al recinto lo antes posible, ya que esta ley es fundamental para ejercer presión para defender nuestros derechos", sostuvo Ravier en sus redes, luego de la reunión.

A su vez, indicó que la Ley de Defensa de la Soberanía es "prioridad para este Gobierno" porque la causa Malvinas "es una causa sagrada para los argentinos y ningún otro gobierno ha hecho más que este para defender lo que es nuestro".

Los puntos clave del proyecto del Gobierno
El proyecto prevé el endurecimiento de las penas (hasta 20 años de prisión) por la explotación (o cooperación para la explotación) de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes, y de inhabilitarlas para operar en la Argentina.

Se reemplaza la actual Ley 26.659 y se amplían las prohibiciones, que ya no alcanzarán solamente a los hidrocarburos sino a cualquier aprovechamiento no autorizado por la Argentina de recursos naturales renovables y no renovables.

Además, habrá un registro público de infractores y el Estado y los particulares tendrán prohibido contratar con los allí inscriptos.

Se incorpora además el juicio en ausencia para los delitos previstos en la nueva ley.

Por otra parte, la iniciativa crea un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.

Esta unidad tendrá a su cargo la coordinación estratégica de las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas.