La Corte Suprema de Justicia suspendió temporalmente el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la Ley de Tierras Rurales. Esta medida cautelar interina fue dictada en una causa iniciada por la Asociación Civil Árbol de Pie. La decisión, tomada por los jueces Rosatti, Lorenzetti, Barroetaveña y Pérez Curci (con la disidencia de Rosenkrantz), busca garantizar la tutela judicial efectiva y prevenir daños ambientales irreparables. La suspensión se mantendrá hasta que el Juzgado Federal de Bariloche se pronuncie sobre la legitimidad de los demandantes y el pedido de cautelar.

Árbol de Pie presentó un amparo colectivo en diciembre de 2023, argumentando que la derogación de la Ley 26.737 atentaba contra el derecho a un ambiente sano, reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, y ponía en riesgo el uso racional de los recursos naturales y la preservación de la naturaleza. El expediente llegó a la Corte Suprema sin que los tribunales inferiores resolvieran la legitimación ni la cautelar.

La Corte diferenció este caso de la demanda de CECIM (rechazada en 2026 por falta de legitimación), que cuestionaba la derogación por afectación de la soberanía nacional. Árbol de Pie, en cambio, fundamentó su reclamo en la protección ambiental. La Corte destacó que la inacción judicial había dejado sin respuesta los pedidos de los demandantes y que estaban comprometidos el derecho a una decisión judicial oportuna y la protección ambiental, lo que justificó la suspensión provisoria.

El juez Rosenkrantz disintió, argumentando que la Corte carecía de competencia para dictar una medida cautelar en este expediente y que la causa debía remitirse directamente al Juzgado Federal de Bariloche, lo que habría mantenido vigente la derogación. La decisión mayoritaria, sin embargo, establece una protección provisoria sin pronunciarse aún sobre la constitucionalidad de la derogación.