Lo resolvió la Cámara Federal de Casación; de todos modos, el inicio del remate depende de un fallo de la Corte Suprema
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este jueves 8 de octubre los recursos presentados por Máximo y Florencia Kirchner para suspender el proceso de decomiso de sus bienes en el marco de la causa Vialidad. La decisión permite que la Justicia continúe con las medidas patrimoniales destinadas a recuperar cerca de 685.000 millones de pesos, como parte de la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La resolución fue adoptada por unanimidad por la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Los magistrados respaldaron las actuaciones del Tribunal Oral Federal N° 2, encargado de ejecutar la sentencia por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Aunque los hijos de la exmandataria no fueron condenados en el juicio, parte de su patrimonio quedó alcanzado por las medidas judiciales debido a su vinculación con bienes que la Justicia considera provenientes de la maniobra delictiva investigada.
La distancia respecto del techo de la banda cambiaria, ubicada en $1.927,77, alcanzó el 27,2%, su el nivel más alto desde abril 2025.
El planteo había sido presentado por el abogado Luis Joel Goldin, representante de Máximo y Florencia Kirchner, quien solicitó suspender las medidas de ejecución patrimonial hasta que la Corte Suprema resolviera un recurso pendiente relacionado con el decomiso.
La defensa argumentó que avanzar sobre los bienes antes de una decisión definitiva del máximo tribunal podría afectar el derecho de propiedad y las garantías constitucionales de personas que no fueron condenadas en el expediente.
Sin embargo, los camaristas consideraron que las presentaciones no cumplían con los requisitos necesarios para habilitar la revisión solicitada. Además, señalaron que las medidas cuestionadas tienen carácter preventivo y no implican una transferencia inmediata de la titularidad de las propiedades.
La resolución también alcanza a las empresas Hotesur y Los Sauces, en las que Máximo y Florencia Kirchner son accionistas mayoritarios. Ambas sociedades habían presentado recursos contra los embargos que afectan a 13 inmuebles de su propiedad.
El director de las compañías, Sebastián José Sánchez, sostuvo que las restricciones judiciales afectan los principales activos de las firmas y perjudican su funcionamiento comercial. También argumentó que las empresas poseen un patrimonio independiente del de sus accionistas y que deberían tener la posibilidad de defenderse antes de que se resuelva el decomiso.
Frente a estos planteos, Casación determinó que los embargos son medidas cautelares destinadas a garantizar una eventual ejecución patrimonial, sin que ello signifique que los inmuebles hayan sido definitivamente decomisados.
Los magistrados también aclararon que las empresas podrán ejercer su derecho de defensa cuando se analice formalmente el pedido de decomiso presentado por la Fiscalía.
La Justicia busca recuperar casi $685.000 millones
El proceso de decomiso forma parte de la ejecución de la sentencia firme dictada contra Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
El Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, tiene a su cargo las actuaciones necesarias para recuperar los fondos establecidos en la condena.
En su resolución, Casación sostuvo que la existencia de un recurso pendiente ante la Corte Suprema no impide continuar con los actos preparatorios ni mantener las medidas cautelares destinadas a garantizar el cumplimiento de la sentencia.
De esta manera, la Justicia podrá seguir avanzando con el procedimiento patrimonial sobre los bienes cuestionados. No obstante, todavía quedan instancias judiciales pendientes antes de que se defina el destino definitivo de algunas de las propiedades.
Fuente: La Nación