La senadora provincial bonaerense y expresidenta de AySA, Malena Galmarini, rompió el silencio tras la controversia desatada por el viaje de descanso que protagonizó junto a su esposo, el excandidato presidencial Sergio Massa, hacia la isla caribeña de Barbados a bordo de una aeronave privada. Durante una entrevista televisiva en C5N, la legisladora intentó minimizar los cuestionamientos éticos y patrimoniales que motivaron denuncias en los tribunales federales, asegurando que la travesía respondió a la generosidad de un allegado del matrimonio y a una decisión adoptada a último momento para conmemorar sus 30 años de casados.

En su descargo, la dirigente peronista reivindicó su derecho a vacacionar argumentando llevar una vida cotidiana austera en la misma propiedad del partido de Tigre adquirida mediante un crédito bancario hace tres décadas, sin salidas gastronómicas frecuentes ni consumos suntuarios. "Tenemos un amigo de hace muchísimo tiempo que tiene la enorme suerte de tener un avión", justificó Galmarini al aludir implícitamente al empresario y exdiputado Francisco De Narváez, titular de la cadena ChangoMás y dueño del jet ejecutivo utilizado para la travesía internacional.

Escalas regionales y sospechas de dádivas

La travesía al Caribe, concretada a mediados de agosto tras una cumbre política en la Ciudad de Buenos Aires, quedó bajo la lupa de la Justicia debido a la condición de funcionaria pública que reviste Galmarini, lo que encuadraría el uso gratuito de la aeronave dentro del régimen prohibitivo de regalos corporativos y dádivas. Según informes periodísticos, el periplo incluyó una compleja logística aérea con transbordos y escalas operativas en Montevideo y Asunción utilizando pasaportes europeos, con costos logísticos estimados en torno a los 400 mil dólares para el recorrido total de ida y vuelta.

El pasaje del vuelo en el Gulfstream G-500 estuvo integrado por un estrecho círculo de confianza del massismo, entre ellos el concejal de San Martín Andrés Ceriani, el dirigente deportivo Daniel Guerra y familiares de excolaboradores de la gestión municipal de Tigre. Frente a las acusaciones por presunta incompatibilidad, Galmarini remarcó que las declaraciones juradas del matrimonio son públicas desde hace veinticinco años y sostuvo que el exministro de Economía cumple con la Ley de Ética Pública, desempeñándose en la actualidad exclusivamente como consultor para fondos de inversión y administraciones extranjeras fuera de la Argentina.