En busca de la verdad
En busca de la verdad
Mientras el Gobierno busca eliminar los límites para que inversores privados extranjeros compren tierras rurales en Argentina,
El Gobierno nacional impulsa una modificación de la Ley de Tierras Rurales que cambiaría de manera significativa las reglas para la adquisición de campos por parte de inversores extranjeros. La iniciativa, que será analizada este jueves en el Senado, propone eliminar las restricciones para personas y empresas privadas del exterior, aunque mantiene un esquema más estricto para los Estados extranjeros y las compañías bajo su órbita.
Actualmente, la Ley 26.737 establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia ni de cada municipio. También fija un límite de adquisición equivalente a 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo y prohíbe la venta de inmuebles rurales ubicados sobre cuerpos de agua permanentes, glaciares y zonas de frontera.
De acuerdo con información oficial, cerca del 6% de las tierras rurales argentinas pertenecen hoy a propietarios extranjeros, un porcentaje considerablemente inferior al máximo permitido por la legislación vigente.
La propuesta oficial ubicaría a Argentina entre los países con menos restricciones de Sudamérica para este tipo de inversiones.
En Brasil, la normativa continúa siendo una de las más exigentes. La legislación limita al 25% la superficie de cada municipio que puede quedar en manos extranjeras y establece, además, que una misma nacionalidad no puede concentrar más del 10% del territorio municipal. Todas las operaciones son supervisadas por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA).
Uruguay, por su parte, permite la compra de campos por parte de extranjeros, aunque exige mayores controles sobre la identidad de los propietarios. Las sociedades deben informar quiénes son sus accionistas, registrar la titularidad de las tierras y transparentar la composición societaria. Incluso, el Parlamento uruguayo analiza nuevas herramientas para reforzar el control sobre este tipo de adquisiciones, especialmente en zonas fronterizas.
En Paraguay, la participación de capital extranjero en la propiedad rural es una de las más elevadas de la región. Diversas estimaciones indican que entre el 14% y el 19% del territorio pertenece a propietarios de otros países, con una fuerte presencia de inversores brasileños en departamentos limítrofes. Sin embargo, esa situación responde a un proceso histórico y no a una política de apertura sin restricciones.
La administración de Javier Milei sostiene que el marco legal actual limita el ingreso de inversiones destinadas a actividades como proyectos forestales, sistemas de riego y cultivos permanentes, especialmente en regiones como el NEA, Cuyo y la Patagonia.
La reforma busca diferenciar el tratamiento entre los inversores privados y los Estados extranjeros. Mientras las personas físicas y empresas privadas dejarían de estar alcanzadas por los límites actuales para comprar tierras rurales, los gobiernos extranjeros, empresas estatales y sociedades controladas por estos seguirían sujetos a autorizaciones y controles específicos antes de concretar cualquier operación.
Desde el Ejecutivo aseguran que el objetivo es atraer inversiones privadas sin resignar mecanismos de protección frente a adquisiciones vinculadas a otros Estados.
Si el proyecto obtiene el respaldo del Congreso, Argentina pasará de contar con uno de los marcos legales más restrictivos de la región en materia de propiedad rural extranjera a integrar el grupo de países con mayor apertura para este tipo de inversiones, diferenciándose de modelos como los de Brasil, Uruguay y Paraguay, que mantienen distintos niveles de regulación y control.
