El Poder Ejecutivo Nacional puso en marcha formalmente el proceso de elaboración de la "ley de leyes" para el próximo año. A través de un informe de avance obligatorio enviado al Congreso de la Nación, el Gobierno anticipó los lineamientos macroeconómicos que regirán el diseño del Presupuesto 2027 y del Plan Plurianual 2027-2029, consolidando como pilares inamovibles la continuidad del superávit fiscal, la desaceleración inflacionaria y una progresiva reducción de la carga tributaria.

El documento técnico, que lleva las firmas del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de Gabinete, Diego Santilli, funciona como una hoja de ruta preliminar. Sin embargo, en esta instancia el oficialismo optó por la prudencia numérica y no incorporó proyecciones oficiales respecto a variables clave como la inflación anual, la evolución del tipo de cambio, el consumo interno o los niveles de comercio exterior. Tampoco se detallaron aún las partidas específicas destinadas a los ministerios, empresas públicas u organismos descentralizados. De acuerdo con los plazos legales vigentes, el proyecto de ley definitivo con el articulado y los números finos ingresará al Parlamento antes del próximo 15 de septiembre.

Los tres mandamientos económicos para el mediano plazo

En el capítulo dedicado a la política de precios, si bien el Ejecutivo evitó dar una cifra porcentual cerrada para 2027, ratificó su firme expectativa de alcanzar una "desaceleración significativa de la inflación". Según los estrategas económicos de la Casa Rosada, este escenario de estabilidad sostenida será la llave para "fortalecer la recuperación de los salarios reales y del ingreso disponible en los hogares".

En materia de recaudación, el Gobierno proyecta "un leve incremento real anual" para el trienio 2027-2029. Lejos de apostar a una mayor presión fiscal, las autoridades confían en que este crecimiento de los recursos estatales estará traccionado de forma genuina por el repunte de la actividad económica y un fuerte incremento de las exportaciones. Bajo esa premisa, el texto ratifica el compromiso oficial de continuar podando impuestos con el fin de "devolver recursos al sector privado" y dotar de mayor competitividad a los sectores productivos e industriales del país.

El optimismo oficial para el mediano plazo también se plasmó en variables sociales, proyectando para los próximos años una baja paulatina de la tasa de desempleo, mejoras en los indicadores de pobreza e indigencia, y un avance en la distribución del ingreso medido a través del coeficiente de Gini.

Menor demanda de obra pública y la lupa en las cuentas de 2026

La ingeniería técnica del presupuesto quedó bajo la órbita del Grupo de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto (GAEP), un ente mixto dependiente de la Jefatura de Gabinete y de la cartera económica que ya completó las primeras diez actividades del cronograma institucional.

Uno de los datos más llamativos que arrojó el informe se vincula con la inversión pública. El Banco de Proyectos de Inversión (BAPIN) registró solicitudes por un total de 1.765 proyectos para el período 2027-2029, demandando fondos por $10,2 billones. Desde la óptica oficial, la cifra marca una drástica y saludable caída si se la compara con los 2.014 proyectos pedidos para 2026 y los 4.496 del período 2025. Para el Ejecutivo, esta contracción en las planillas es un indicador de una "mayor razonabilidad" y disciplina en las demandas de obra pública por parte de las distintas jurisdicciones.

Finalmente, el documento aprovechó para exhibir la salud financiera del ejercicio en curso. Al cierre de los primeros cinco meses de 2026, la Administración Pública Nacional acumuló un superávit primario de $8.425.328,7 millones (equivalente al 0,7% del PBI) y un resultado financiero positivo de $2.660.474,5 millones. Con recursos totales que hasta mayo alcanzaron el 40,1% de lo previsto para el año y un gasto ejecutado en un 39,2% (donde las prestaciones de la Seguridad Social se consolidaron como el rubro más relevante con más de $26,4 billones), el Gobierno buscará replicar esta misma disciplina en el diseño del esquema del año entrante.

Tras este paso inicial en el Congreso, los diferentes ministerios y dependencias del Estado comenzarán a redactar sus anteproyectos de gastos bajo los estrictos techos financieros que fijará la Secretaría de Hacienda en las próximas semanas.