La reciente instalación de gigantescos tetrápodos de concreto en la frontera norte, entre Chile y Perú, genera un nuevo capítulo en la gestión de la migración irregular y el combate al contrabando, según expertos y autoridades.
 
En pleno desierto de Arica y Parinacota, bloques de más de dos metros de altura y dieciséis toneladas se han convertido en otro símbolo visible del endurecimiento de la política fronteriza impulsada por el gobierno de José Antonio Kast.

La medida, que ha generado reacciones divididas en ambos lados del límite internacional, pone a prueba no solo la eficacia de las barreras físicas, sino también la solidez de la relación bilateral ante desafíos comunes.

La lógica del blindaje

Según conoció BioBioChile, los tetrápodos -estructuras de hormigón armado de casi 2,9 metros de alto por 3,4 de ancho- fueron colocados en los sectores comprendidos entre los hitos 9 y 12, en la zona de Chacalluta, como parte del Plan Escudo Fronterizo.

El objetivo declarado por el gobierno chileno es frenar el paso de vehículos asociados a actividades ilícitas y limitar la migración irregular que, de acuerdo a cifras oficiales, ha involucrado a más de 330.000 personas indocumentadas en los últimos años.

El delegado presidencial para la macrozona norte, Alberto Soto, confirmó que "el objetivo principal de estas estructuras es impedir el tránsito vehicular no habilitado a través de pasos irregulares", con énfasis en el horario nocturno, cuando las redes de contrabando y coyotaje suelen aprovechar la falta de vigilancia formal.

El propio presidente Kast anunció la instalación de los tetrápodos durante una reciente visita al Complejo Fronterizo de Chacalluta, en la que también presentó dos proyectos de ley para endurecer el régimen migratorio.

El primero de ellos busca ampliar de cinco a sesenta días el plazo de retención de migrantes con orden de expulsión, prorrogable hasta ciento ochenta días bajo revisión judicial. El segundo apunta a penalizar el traslado de migrantes en situación irregular dentro del territorio chileno, buscando cerrar lo que el Ejecutivo describe como un vacío legal aprovechado por el crimen organizado.

La estrategia no se limita a los tetrápodos. Desde sus primeros días en el poder, Kast ordenó la construcción de una extensa zanja a lo largo de la frontera norte. De acuerdo con datos recabados por este medio, la obra ya supera los 30 kilómetros ejecutados, con proyección de alcanzar hasta 500 kilómetros entre las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta antes de finalizar el año.

El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, detalló que en Arica se han superado los diez kilómetros de intervención en pasos no autorizados, con trabajo coordinado entre el Ejército de Chile y el Ministerio de Obras Públicas.

Una señal política

Para el analista internacional Francesco Tucci, docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la decisión de instalar los tetrápodos tiene un significado político evidente.
"Se trata de una medida de contención física que busca reforzar el control territorial y transmitir una señal de autoridad sobre la frontera", sostuvo en entrevista con El Comercio.
El experto advierte, sin embargo, que este tipo de iniciativas suelen desplazar los flujos migratorios hacia otros puntos, más que erradicarlos.

"Este tipo de barreras rara vez resuelve por sí solo la presión migratoria. Con frecuencia, lo que ocurre es que el flujo se desplaza hacia otros puntos de menor resistencia", señaló.
En ese contexto, Tucci considera que "es posible, e incluso probable, que se produzca un efecto rebote hacia Tacna. El cierre de un tramo fronterizo no elimina el flujo migratorio; simplemente lo reorienta hacia rutas más informales y más riesgosas".

El analista también advierte sobre las consecuencias operativas y humanitarias de este desplazamiento, subrayando que "se incrementará la demanda sobre rutas alternativas, sobre los controles y sobre la capacidad de respuesta local. Habrá una fuerte presión en Tacna".

Voces peruanas

Desde el lado peruano, la reacción oficial se ha mantenido en términos de respeto a la soberanía chilena, pero con matices. El entonces canciller Hugo de Zela ya había declarado que "mientras sea en territorio chileno, no correspondía decir nada".
No obstante, también transmitió la preocupación del gobierno peruano por el posible impacto de estas medidas y la imposibilidad de absorber mayores flujos migratorios, tal como ya advierten algunos expertos.

De Zela, además, insistió en que la decisión de construir barreras físicas en la frontera corresponde exclusivamente a Chile, aunque el Perú ha solicitado que se evalúen las consecuencias sobre el movimiento migratorio y la capacidad de respuesta de las autoridades regionales vecinas.

Desafío pendiente

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú informó que se llevó a cabo la XIV Reunión del Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo Perú-Chile, celebrada recientemente en la ciudad de Tacna, para reafirmar el compromiso de ambos países con una agenda de integración y cooperación fronteriza.

Delegados de los gobiernos nacionales, regionales y locales, junto con sociedad civil y academia, discutieron medidas para fortalecer el control fronterizo integrado, la cooperación policial y el desarrollo de sistemas de información compartida sobre movimientos migratorios.
No obstante, Tucci advierte que la ausencia de una estrategia binacional sólida limita el alcance de cualquier barrera física: "Cada país puede intentar blindar su frontera desde la lógica de seguridad que considere adecuada, pero la frontera Perú-Chile es un sistema compartido. No es un espacio que pueda administrarse unilateralmente".

En ese sentido, el analista propuso priorizar la cooperación institucional y la creación de una mesa permanente de coordinación fronteriza entre ambas cancillerías.

También plantea tres prioridades inmediatas: establecer sistemas de intercambio de información en tiempo real, desarrollar protocolos comunes para la atención de migrantes y fortalecer mecanismos conjuntos contra el tráfico ilícito de personas.
Impacto en las cifras

El gobierno de Chile difundió nuevas cifras que muestran una reducción del 90% de ingresos irregulares detectados tras la implementación del Plan Escudo Fronterizo. Además, se reportó un 72% de reconducción de quienes lograron ingresar y un aumento del 350% en la interrupción de delitos vinculados al tráfico de drogas. En el mismo periodo, la interrupción de delitos de contrabando creció un 300%.

La presidenta del Senado chileno, Paulina Núñez, respaldó los anuncios del Ejecutivo y comprometió una tramitación legislativa expedita para las nuevas iniciativas legales. "La responsabilidad del Congreso será abordar estas iniciativas con celeridad", afirmó.
Barreras físicas

Las reacciones no se han limitado a autoridades y especialistas en relaciones internacionales. El arquitecto Erus Símera cuestionó con ironía la utilidad real de los tetrápodos.

"Chile instala tetrápodos de concreto en la frontera con Perú. Cada bloque mide casi 2,9 metros de altura y 3,4 metros de ancho, y pesa cerca de 16 toneladas; junto excava una fosa y solo le falta agregar búnkers y cañones para parecerse a la famosa línea Maginot entre Francia y Alemania. ¿Qué teme Chile si esto no sirve para contener inmigrantes ni contrabando?". En otro mensaje, añadió: "La Maginot no sirvió para nada, fue un despilfarro".

Los tetrápodos y la zanja representan la apuesta más visible del actual gobierno chileno para frenar el flujo irregular, pero los datos y testimonios recogidos muestran que, sin coordinación binacional, el efecto puede ser limitado y hasta contraproducente.

Tucci lo resume así: "Si no existe coordinación, las decisiones de un lado terminarán generando costos para el otro. El debate no debería centrarse únicamente en cerrar el paso, sino en ordenar los flujos, reducir las redes ilícitas y evitar que la presión migratoria se desborde sobre las poblaciones locales".

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