En busca de la verdad
En busca de la verdad
La Legislatura provincial analiza un proyecto que limita las inhibiciones generales de bienes en los juicios de apremio. La iniciativa pretende que las medidas cautelares se ajusten al monto de la deuda, evitando restricciones desmedidas que afectan a contribuyentes y empresas.
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La Legislatura provincial se encuentra debatiendo un proyecto impulsado por la diputada Griselda Petri, que busca modificar de raíz la forma en que se aplican las medidas cautelares en los juicios de apremio. Hasta ahora, la práctica habitual era recurrir a las inhibiciones generales de bienes, un mecanismo que bloqueaba por completo el patrimonio de los deudores, sin importar si la deuda era pequeña o significativa.
Esta herramienta, aunque efectiva para asegurar el cobro, generaba consecuencias desmedidas: operaciones frenadas, empresas paralizadas y contribuyentes atrapados en un cerrojo económico.
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La autoridad monetaria mantuvo la acumulación de activos internacionales durante mayo y quedó a un paso de completar su meta de u$s10.000 millones.
La propuesta de Petri plantea reemplazar ese esquema rígido por un sistema proporcional, en el que las medidas cautelares se ajusten al monto de la deuda reclamada. En términos simples, si alguien debe una suma reducida, la inhibición no debería afectar la totalidad de sus bienes, sino solo lo necesario para garantizar el pago.
El proyecto apunta a equilibrar la balanza: mantener la capacidad del Estado de cobrar lo que se le adeuda, pero evitando que los contribuyentes sufran un bloqueo patrimonial que exceda la magnitud de su obligación. Según su autora, se trata de una iniciativa que moderniza el sistema judicial y lo vuelve más justo, al tiempo que protege la actividad económica de quienes enfrentan deudas fiscales.
La discusión legislativa promete ser intensa. Mientras algunos sectores celebran la medida como un paso hacia la racionalidad y la proporcionalidad en la justicia, otros advierten que podría debilitar la presión sobre los morosos y complicar la recaudación. Lo cierto es que la reforma abre un debate profundo sobre cómo debe actuar el Estado frente a los incumplimientos: con firmeza, sí, pero también con equidad.
En definitiva, Mendoza se encuentra ante un cambio de paradigma en los juicios de apremio, que podría marcar un antes y un después en la relación entre el fisco y los contribuyentes.
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