El bloque de La Libertad Avanza en el Senado dio un paso clave para destrabar el pago a los últimos acreedores litigantes del default de 2001. En una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, presidida por Agustín Monteverde, y de Economía Nacional e Inversiones, encabezada por Martín Goerling Lara, el oficialismo cosechó el dictamen de mayoría necesario para llevar al recinto la adenda del acuerdo alcanzado en los tribunales de Nueva York bajo la órbita de la jueza Loretta Preska. 

La iniciativa, que contempla un desembolso total de 171 millones de dólares, había sido retirada del recinto la semana pasada tras detectarse inconsistencias en el redactado original. Según detalló la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, la intención del Gobierno es debatir y aprobar el proyecto en el recinto de la Cámara alta durante la semana entrante.

La defensa del proyecto estuvo a cargo del frente legal y económico del Poder Ejecutivo: el procurador del Tesoro Nacional, Sebastián Amerio; el subprocurador, Juan Ignacio Stampalija; y el secretario legal del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton. Los funcionarios aclararon ante los senadores que el retroceso de la iniciativa a las comisiones obedeció estrictamente a un error material originado por la información provista por los propios acreedores. 

El fondo Attestor Value Master Fund LP había notificado que una serie de bonos incluidos en el proyecto original no correspondían a los que formaban parte activa del litigio, lo que obligó a diseñar una adenda para depurar el anexo, excluyendo los títulos que se encontraban prescriptos e incorporando de manera correcta los activos que sí formaban parte de las demandas con sentencia firme. 

El procurador Amerio remarcó enfáticamente que la actualización de los listados no altera en lo absoluto el monto global del acuerdo, no amplía de ninguna forma las obligaciones financieras de la República Argentina ni genera exposiciones económicas adicionales. Por su parte, Stampalija argumentó que estos juicios y sentencias generan perjuicios diarios al país y que siempre estuvo claro que cualquier entendimiento definitivo debía contar con el aval y la ratificación del Congreso Nacional para justificar la premura del tratamiento.

El entendimiento busca cerrar los expedientes judiciales remanentes del colapso financiero de principios de siglo y desactivar los procesos de investigación de activos que pesan sobre cuentas y empresas del Estado en el exterior. El acuerdo estipula una quita sobre los reclamos originales y divide el desembolso asignando 67 millones de dólares para un pago único en efectivo que extinguirá la causa de Bainbridge Fund, y otros 104 millones de dólares para el grupo Attestor, cancelando las obligaciones derivadas de fallos firmes que originalmente ascendían a 266 millones de dólares. El texto de la ley obliga a que los desembolsos se ejecuten en forma simultánea a la acreditación y entrega de los títulos públicos por parte de los beneficiarios, quedando estos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación.

A pesar del acompañamiento de los sectores dialoguistas que le permitió al oficialismo firmar el dictamen, el proyecto cosechó reparos y cuestionamientos en el ala opositora. Los senadores justicialistas Jorge Capitanich y Fernando Salino plantearon dudas respecto a los mecanismos de negociación individual con los denominados fondos buitre y la equidad del trato frente a los canjes previos. 

Sin embargo, el reloj corre para la Casa Rosada debido a que, si bien el plazo original con la justicia estadounidense vencía el 30 de abril, las negociaciones contrarreloj permitieron obtener una prórroga para lograr la sanción legislativa en ambas cámaras. Con el dictamen bajo el brazo, el oficialismo confía en conseguir la media sanción en el Senado y girar rápidamente el expediente a la Cámara de Diputados para evitar que los acuerdos se caigan y la Argentina deba retomar los litigios internacionales bajo condiciones financieras mucho más desfavorables.