En busca de la verdad
En busca de la verdad
El plazo para responder los requerimientos de los veedores venció este viernes a la medianoche. En Nación sostienen que la AFA tiene una apelación en trámite, mientras que la Superliga aún no activó una vía judicial.
El Gobierno evalúa nuevas medidas contra la Superliga mientras espera una definición judicial sobre la veeduría dispuesta en la AFA. En el Ministerio de Justicia analizan los próximos pasos administrativos y sostienen que el margen de acción es más amplio que en el caso de la AFA, donde existe una apelación judicial en trámite.
La situación de las dos entidades no es la misma. En el caso de la AFA, en el Ejecutivo sostienen que existe una apelación ante la Justicia civil con recurso concedido por la Cámara, de forma que esperarán esa resolución antes de avanzar con apercibimientos o nuevas medidas administrativas. "Tenemos que esperar que resuelva la Cámara para poder apercibirlos", expresan.
El escenario es distinto para la Superliga. En la Casa Rosada aseguran que esa entidad sólo manifestó su disconformidad con la veeduría y que la IGJ rechazó ese planteo. La estrategia oficial es mantener abierta la vía administrativa sin forzar una escena de confrontación antes de tiempo. "La semana que viene seguramente prosigamos con alguna medida según requieran los veedores", agregan.
La Inspección General de Justicia tiene facultades para fiscalizar asociaciones civiles y fundaciones, además de controlar su funcionamiento, disolución y liquidación. La Ley 22.315 establece que el organismo puede considerar, investigar y resolver denuncias, asistir a asambleas, convocarlas en determinados supuestos y pedir medidas más graves cuando detecta irregularidades relevantes.
En este caso, una de las primeras herramientas disponibles es una nueva intimación formal para que la Superliga entregue documentación o permita el acceso requerido por los veedores. Si la IGJ considera que hubo incumplimiento, la ley la habilita a sancionar a asociaciones, fundaciones, administradores y a cualquier entidad que no provea información, entregue datos falsos, infrinja obligaciones legales o estatutarias, o dificulte el desempeño del organismo.
El esquema sancionatorio incluye apercibimiento, apercibimiento con publicación a cargo del infractor y multa. El monto máximo de la multa prevista para estos casos fue actualizado por el Decreto 609/2024 y quedó fijado en $8.000.000. La graduación debe considerar la gravedad del hecho, la eventual reiteración de infracciones y el patrimonio de la entidad.
La IGJ también cuenta con herramientas de mayor alcance si detecta irregularidades graves. Puede declarar la irregularidad o ineficacia administrativa de actos bajo fiscalización y, en situaciones extremas, solicitar al Ministerio de Justicia la intervención de una asociación civil o el retiro de la autorización para funcionar. El Decreto 1493/82 agrega que el organismo debe controlar que las asociaciones y fundaciones cumplan efectivamente los propósitos de sus estatutos y no desvirtúen su finalidad.
El Ministerio de Justicia monitorea el proceso y pone la mira sobre si la Superliga judicializa la medida o mantiene su resistencia sólo por vía administrativa. Sigue de cerca además la apelación de la AFA que debe resolver la Cámara y busca mantener la presión documental sobre las entidades del fútbol. "Es un proceso largo", agregan.
Unión por la Patria, diputados radicales críticos y bloques provinciales intentarán abrir comisiones para impulsar pedidos de interpelación y debatir iniciativas sociales. La Libertad Avanza reunió apoyos del PRO y aliados para tratar la ley Hojarasca, cambios en el régimen de subsidios al gas y acuerdos internacionales.
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