A principios de mayo, y luego de un fallo judicial favorable al Ejecutivo, el Gobierno reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) incluido en la reforma laboral.

La iniciativa reduce las contribuciones patronales por cuatro años, para quienes tomen nuevos trabajadores entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027.

Así busca alentar la contratación, por parte del sector privado, de trabajadores que cumplan con alguna de estas condiciones:

• Haber estado desempleado al 10 de diciembre de 2025.

• No haber tenido trabajo en los seis meses previos al inicio de la relación laboral.

• Ser monotributista.

• Haber sido empleado en relación de dependencia del sector público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las contribuciones patronales promedian el 18%, pero bajo el nuevo régimen serán del 5%: tres puntos irán al sistema de jubilaciones y dos, a financiar al PAMI. A eso se sumarán los aportes al fondo de asistencia para el pago de indemnizaciones (alrededor del 3%), una vez que se reglamente esa herramienta.

El régimen fue presentado por el Gobierno como una herramienta para hacer crecer el empleo formal. En esa línea, Marcelo Brandariz, socio líder de Servicios Legales de PwC Argentina, manifestó: "Sin dudas es una herramienta que debería redundar en beneficios para los sectores de trabajadores que procura promover y generar oportunidades más competitivas de acceso al mercado laboral. Por otra parte, otorga a los empleadores un canal que genera una importante reducción en los costos laborales".

La preocupación por la actividad

No obstante, diferentes voces plantean mayor prudencia. Pablo Loyola, vicepresidente del Instituto Argentino de la Empresa Familiar, consideró que el RIFL puede ser una herramienta positiva para aquellas firmas que estén creciendo y necesiten contratar.

"Sin embargo, el contexto actual muestra una realidad distinta: muchas pymes hoy no están pensando en expandir estructura, sino en sostener su actividad frente a la retracción del consumo y la caída de ventas. Por eso, probablemente el mayor impacto del régimen se vea en empresas que ya tenían previsto crecer o sumar gente", matizó.

Y añadió: "Difícilmente, por sí solo, el régimen genere una expansión masiva del empleo si la actividad económica no acompaña".

Por su parte, Ernesto Sanguinetti, socio de PASBBA abogados, opinó que el RIFL puede funcionar como un incentivo para la creación de empleo formal, pero no necesariamente garantiza por sí solo una expansión real de puestos de trabajo.

"Puede ser relevante para sectores intensivos en empleo, donde el costo laboral es un factor clave para ampliar nómina o formalizar relaciones existentes. Sin embargo, su impacto dependerá de que las empresas efectivamente lo utilicen para incorporar nuevos trabajadores y no solo para optimizar costos sobre contrataciones que ya tenían previstas", explicó.

Por esa razón, consideró que el efecto final dependerá de la escala y del comportamiento de las empresas. "Si el régimen logra formalizar trabajadores que antes estaban afuera del sistema, podría ampliar la base de aportantes y compensar parcialmente la baja de alícuota. En cambio, si se aplica sobre contrataciones que se hubieran realizado de todos modos, el efecto podría ser más parecido a una pérdida de recaudación previsional temporal", cerró.

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