En busca de la verdad
En busca de la verdad
En el Ejecutivo aseguran que no implementarán nuevas medidas en la sede de Viamonte hasta que haya una definición de la Justicia civil sobre la apelación de la AFA. Mientras tanto, la IGJ espera la contestación al requerimiento de información que vence este viernes tanto para la AFA como para la Superliga.
El Gobierno resolvió no escalar por ahora el conflicto con la AFA y espera una definición de la Justicia para avanzar con la veeduría dispuesta por el Ministerio de Justicia. El Ejecutivo no evalúa por el momento solicitar fuerza pública para que los veedores ingresen a la sede de Viamonte, luego del intento frustrado de la semana pasada.
La decisión en la Casa Rosada es quedar a la espera de lo que resuelva la Justicia civil. En Balcarce 50 aseguran que la Cámara analiza la apelación presentada por la AFA contra la veeduría y que le otorgó efecto suspensivo, por lo que sostienen que no pueden avanzar con nuevos pasos operativos hasta que exista una habilitación judicial. "IGJ va a analizar bien y resolver", expresan.
El Ministerio de Justicia -que encabeza Juan Bautista Mahiques- prefiere en esta etapa correrse de una escalada de alto voltaje institucional y reordenar la ofensiva por la vía administrativa y judicial. En el oficialismo consideran que una pulseada por el ingreso físico a la sede central del fútbol argentino, sin respaldo judicial consolidado, podría debilitar la estrategia en lugar de fortalecerla.
La veeduría fue impulsada por la Inspección General de Justicia como una intervención informativa para obtener y compulsar documentación sobre los estados contables y financieros de 2025, las operaciones con TourProdEnter LLC, el Grupo Sur Finanzas y todo lo vinculado a la creación de la denominada Universidad de la AFA "UNAFA". La propia IGJ remarcó además que la medida no implica desplazar autoridades ni intervenir en la administración ordinaria de la entidad.
El Gobiernobusca en paralelo sostener abierto el frente documental. La apuesta de Nación es que el foco se traslade ahora a las respuestas formales que entreguen la AFA y la Superliga a los requerimientos que dejaron los veedores, más que a una nueva escena de confrontación en la puerta de Viamonte.
Ese plazo vence este viernes. En el caso de la AFA, los veedores fueron la semana pasada junto con inspectores de la IGJ, no pudieron ingresar y dejaron un requerimiento de información. En la Superliga, en cambio, sí fueron recibidos por abogados de la entidad, que presentaron una nota ante el Ministerio de Justicia para impugnar la veeduría, manifestaron su disconformidad con la medida y anticiparon que apelarán dentro del plazo previsto.
La ofensiva oficial sobre la AFA y la Superliga se apoya en una estrategia más amplia de control del Ejecutivo sobre balances, contratos y estructuras administrativas. En marzo, la IGJ pidió también veedores sobre la Superliga y sostuvo que esa asociación civil siguió registrando movimientos económicos incluso después de haber quedado desplazada por la Liga Profesional, con operaciones por un valor neto de US$348 millones entre 2020 y 2024, según la propia autoridad de control.
La avanzada sobre la AFA, además, atravesó cambios internos en el área de Justicia. La designación original de los veedores se produjo antes del recambio de autoridades y quedó envuelta en tensiones dentro del oficialismo por la salida del exinspector general Daniel Vítolo y la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio. En ese reordenamiento, la Casa Rosada buscó ratificar que mantendrá la estrategia de control sobre la conducción de Claudio Tapia pese al ruido interno.
En ese contexto también se dio la renuncia de Agustín Ortiz de Marco, el primer abogado designado como veedor junto al contador Miguel Pappacena. Ortiz de Marco dejó el cargo antes de asumir y obligó al oficialismo a nombrar en su reemplazo a Diego Coste, en una decisión que en Balcarce 50 leyeron como necesaria para evitar que la ofensiva administrativa quedara empantanada antes de empezar.
Ahora, la mesa chica del jefe de Estado pone la mira sobre dos cuestiones antes de volver a moverse sobre la AFA. La primera es la respuesta que deben presentar este viernes la AFA y la Superliga a los pedidos de información que dejaron los veedores. La segunda es la definición de la Justicia civil sobre la apelación que presentó la conducción de Claudio Tapia. Hasta que eso no ocurra, en el oficialismo aseguran que no avanzarán con nuevas medidas sobre la sede de Viamonte ni pedirán fuerza pública para intentar el ingreso.
La Casa Rosada no cumplió con el compromiso a dialoguistas para tratar, de manera individual, la iniciativa que prohíbe ser candidatos a condenados en segunda instancia. El combo del oficialismo, todo en un mismo texto, incluye dinamitar las PASO y cambios profundos sobre el financiamiento público de campañas
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