La Justicia finalmente levantó este viernes el secreto de sumario en la causa que investiga el rulo financiero del dólar blue y se confirmó que también se detectaron irregularidades con el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), tal como había adelantado LA NACION. Antes de tomar esa decisión, el juez Ariel Lijo ordenó este miércoles allanamientos en los domicilios de tres empresarios ligados al mundo financiero. Según consta en el expediente, al que accedió este medio, las pruebas contra esos nuevos imputados surgieron del teléfono de Martín Migueles, exsocio y ladero de Elías Piccirillo.

La causa comenzó en julio del año pasado a partir de unos audios encontrados en un pen drive aportado por Carlos "El Lobo" Smith, un expolicía que trabajaba para Piccirillo y terminó declarando como "arrepentido". En ese pen drive había conversaciones de Piccirillo con Francisco Hauque y con una funcionaria del Banco Central, Romina García. 

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En este expediente se investiga la maniobra del dólar blue que llegó a dejar ganancias del 100% en la época de cepo. Recién en 2025, el Banco Central comenzó a cerrar sus primeros sumarios. Esas investigaciones dan cuenta de un circuito que movió al menos US$900 millones. Los financistas y las casas de cambio fueron los primeros señalados.

"Los investigados habrían desarrollado mecanismos tendientes a eludir o distorsionar tales restricciones, accediendo a volúmenes de divisas sustancialmente superiores a los permitidos, mediante la utilización de estructuras societarias y operativas diseñadas al efecto", dice el expediente judicial.

Antes de levantar el secreto de sumario, que se prorrogó tres veces en los últimos dos meses, el juez Lijo, a pedido del fiscal Franco Picardi, ordenó este miércoles allanamientos en los domicilios de Gonzalo Roberto Calo, más conocido como "Gonzalote", el financista Fernando Rubén Tacchi, y Alejandro "El Turco" Calian, que ya había sido allanado en marzo pero en un domicilio que ya no utilizaba. 

Migueles había sido allanado tres veces en la causa contra Piccirillo por el operativo ilegal que derivó en su detención. En uno de esos procedimientos, le secuestraron varios teléfonos, computadoras, y tres tablets. Ese día, el empresario llegó a su casa cuando la Prefectura ya estaba adentro, entregó su celular y hasta aportó su clave.

El empresario había sido testigo de una reunión clave entre Piccirillo y Smith. Ocurrió durante la madrugada del 18 de enero, en el living de la casa que le alquilaba Piccirillo, en el lote 192 de "El Yacht".

Migueles y Piccirillo tenían hasta ese momento una relación casi familiar. Compartían cumpleaños, fiestas, y reuniones familiares. Ese vínculo estrecho se mezclaba, todo el tiempo, con los negocios. Tal como adelantó LA NACION en septiembre del año pasado, Migueles también está siendo investigado por el Banco Central por la sociedad Arg Exchange, un casa de cambio que funcionaba en la City. Según los registros oficiales, fue designado como presidente de esa firma en 2021.

El teléfono de Migueles arrojó datos sobre otras personas. "Se destacó que su aparición en comunicaciones mantenidas por Migueles en el contexto de referencias a otros involucrados permitiría inferir, en esta instancia, su vinculación con la operatoria investigada", dice el expediente al momento de justificar el allanamiento a Alejandro Calian, más conocido por su amistad con Rodrigo De Paul.

En el caso de Calo, el caso revela que fue mencionado en la declaración de Smith como "arrepentido", en distintas conversaciones entre los principales investigados y en la documentación vinculada a operaciones económicas de magnitud.

Más allá de los datos obtenidos de los teléfonos, la causa del dólar blue se nutrió de los datos surgidos de los sumarios administrativos del Banco Central, de los reportes de inteligencia financiera, de la documentación bancaria incorporada, y de los registros de operaciones de las entidades cambiarias involucradas.
Las SIRA

Además del rulo financiero, el expediente que llevan adelante Lijo y Picardi avanzó en estos meses sobre las irregularidades con el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), un mecanismo de autorización que rigió entre octubre de 2022 y diciembre de 2023 y que les daba a las empresas acceso al dólar oficial durante la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía.

"Se ha podido establecer, con el grado de provisoriedad propio de esta etapa, la existencia de un circuito paralelo vinculado a la gestión de autorizaciones en el marco del sistema SIRA, en el cual determinados intermediarios habrían ofrecido -a cambio del pago de sumas de dinero indebidas- la obtención o agilización de aprobaciones administrativas necesarias para la importación de bienes, lo que permitiría inferir la posible connivencia de funcionarios públicos o, al menos, la explotación indebida de resortes estatales para fines particulares", dice el expediente.

La aparición de ese "circuito paralelo" representa una novedad. Hasta el momento, las investigaciones habían mostrado avances solo relacionados a la operatoria del blue. El Banco Central cerró al menos cuatro sumarios en los que escribió: "Se sospechó de la legalidad de estas operaciones, a raíz de múltiples y coincidentes indicios que pusieron en duda su genuinidad y alertaron sobre la implementación de un mecanismo en apariencia regular, pero que evidentemente tenía por finalidad adquirir divisas a valores oficiales para luego ser destinadas a abastecer al mercado paralelo".

Ahora, la Justicia federal investiga esa operatoria, que habría contado con la coordinación entre distintas casas de cambio y la supuesta connivencia de al menos cinco funcionarios del Banco Central.

"Las maniobras habrían implicado, en términos generales, la captación de fondos de terceros en moneda nacional -muchas veces sin justificación económica suficiente-, su canalización hacia la adquisición de divisas en el mercado oficial a través de distintas agencias y entidades, y su posterior circulación mediante un esquema de operaciones sucesivas y encadenadas entre casas de cambio vinculadas entre sí, con el objeto de dificultar la trazabilidad de los fondos y obtener finalmente los billetes físicos, los cuales eran luego comercializados en el mercado informal", se explica en el caso que lleva adelante Picardi. 

Fuente: La Nación