La disputa entre el Gobierno nacional y la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha ingresado en una fase determinante con el inicio formal de las tareas de control por parte de los veedores de la Inspección General de Justicia (IGJ). 

A pesar de la resistencia de la entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia, el equipo auditor, integrado por el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Diego Coste, ya ejecuta un plan de trabajo activo para recopilar información contable. Esta auditoría, con un plazo inicial de 180 días, busca examinar libros y documentos que la AFA ha negado sistemáticamente al Estado, amparándose en facultades otorgadas por el Ministerio de Justicia.

Los ejes centrales de la investigación apuntan a sospechas de irregularidades financieras de gran escala. Entre ellas se destaca el vínculo con Javier Faroni y la firma TourProdEnter LLC, donde la Justicia investiga un presunto desvío de US$ 400 millones a sociedades fantasma en Estados Unidos mediante comisiones excesivas. 

Asimismo, se analiza la relación con la financiera Sur Finanzas, vinculada a Ariel Vallejo y bajo sospecha por lavado de dinero, además de compulsar adquisiciones de inmuebles y contrataciones de personal que podrían violar los estatutos de la asociación.

En paralelo, se libra una batalla por la jurisdicción judicial. La AFA ha intentado trasladar su sede histórica de la calle Viamonte a Pilar con el objetivo de que las causas del denominado "AFA-gate" tramiten en el juzgado federal de Zárate-Campana, bajo la órbita de Adrián González Charvay, buscando un escenario judicial más favorable. 

No obstante, el próximo 11 de mayo será una fecha crítica, ya que la Cámara Federal de Casación Penal decidirá si la causa permanece en dicha jurisdicción o regresa a los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires. Por el momento, la IGJ mantiene su potestad y los veedores avanzan en el análisis de los movimientos millonarios que la dirigencia intentaba resguardar.