Un guardia del Servicio Penitenciario (SP) quedó detenido e imputado por abuso sexual agravado tras la denuncia de una joven que se encontraba privada de la libertad, en un caso que sacudió al sistema judicial y penitenciario en las últimas horas.

El hecho, según la acusación el hecho habría ocurrido en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.D.A.), y es investigado por la fiscal María Florencia Díaz Peralta, de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional. La calificación legal provisoria es abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por un miembro de una fuerza de seguridad y tiene como protagonista principal a un guardia con 14 años en el SP.

La denunciante había sido detenida por un hurto impropio y permaneció durante varios días alojada en la Comisaría Séptima de Godoy Cruz. Luego fue trasladada a Es.Tra.D.A., el sector del Servicio Penitenciario ubicado en el Polo Judicial. Allí, siempre de acuerdo con su relato, comenzó la secuencia que derivó en la presentación.

La joven declaró que le pidió comida a un penitenciario -un suboficial ayudante- porque no había ingerido alimentos en varias horas. El agente le respondió que no podía darle alimentos dentro de la celda porque podía ser sancionado, pero le ofreció llevarla al baño para entregarle algo. Según la reconstrucción, el hombre abrió el celdón y la condujo hasta el sanitario, donde le dio una tortita y le dijo: "No te movás, ya vengo", se desprende de su relato.

De acuerdo con la denuncia, tal como detallaron desde el Ministerio Público, unos 10 minutos después, cuando la detenida intentaba orinar, el penitenciario regresó e irrumpió en el baño.

La joven le pidió que esperara porque tenía sus prendas íntimas abajo, pero el uniformado la habría sometido sexualmente. Siempre según su versión, la penetró, la amenazó para que no hablara -"no digas nada porque te voy a armar una causa", le habría dicho- y eyaculó sobre su cuerpo.

Luego le habría entregado dinero en efectivo: primero una suma aproximada a los 10 mil pesos y después otros 20 mil, indicándole que no los escondiera en zonas íntimas (pechos y vagina) porque sería requisada antes de su ingreso a la cárcel, y que los colocara en las zapatillas.

La secuencia continuó con el regreso de la detenida a su celda. Minutos más tarde, otra penitenciaria ingresó para realizar el circuito de identificación y tomarle una fotografía. En ese momento, la joven entró en shock y comenzó a gritar que había sido abusada. Si bien en un primer momento no le creyó completamente, la derivó a un médico.

El examen profesional detectó marcas en el cuello compatibles con presión de manos. Luego fue trasladada a un hospital, donde se realizaron exámenes más exhaustivos. Los estudios confirmaron la presencia de esperma en su ropa y en el cuerpo.

Ese material fue recolectado para un cotejo genético con el del sospechoso, cuyos resultados se esperan para la próxima semana.

En paralelo, la instrucción avanzó con otras medidas. Declararon dos penitenciarias y se analizaron registros fílmicos que muestran a la joven y al agente ingresar al baño. Además, se ordenaron estudios forenses y evaluaciones psiquiátricas.

Tanto la denunciante -que sigue detenida por el hurto- como el acusado permanecían privados de libertad. La mujer se constituyó como querellante en la causa.

Otro elemento que aparece como determinante en el análisis del expediente es el dinero. Según la reconstrucción judicial, la joven no tenía efectivo durante su alojamiento en la Comisaría Séptima de Godoy Cruz. Sin embargo, cuando fue trasladada posteriormente a un penal, durante la requisa dijo que llevaba billetes escondidos en las zapatillas, en línea con lo que ella había denunciado.

Desde el entorno del penitenciario sostienen una versión distinta: aseguran que existió una relación consentida. No obstante, los investigadores ponen el foco en varios puntos que complican al acusado: su rol como agente penitenciario, la situación de vulnerabilidad de la detenida bajo su custodia, la evidencia biológica hallada y las circunstancias en que se produjo el encuentro dentro de un ámbito de encierro.

Incluso, según detallaron las fuentes, desde el entorno del sospechoso se habrían registrado intentos de contacto con la denunciante para que retirara la acusación, un dato que también es analizado por la fiscalía.

El hecho generó fuerte repercusión interna en el SP y en el ámbito judicial, no solo por la gravedad de la imputación, sino por el escenario en el que ocurrió: una unidad concebida para el tránsito seguro de detenidos dentro del Polo Judicial.

Es.Tra.D.A., creada en 2020, tiene capacidad para 80 personas y está destinada a alojamientos breves -no más de 15 días- de internos que deben comparecer ante jueces, fiscales o tribunales.