El tesorero de la AFA había planteado que la deuda ya se regularizó y por lo tanto la causa debía ser archivada.
El fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial rechazó el intento de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y del tesorero Pablo Toviggino de dar por cerrada la causa en la que ambos se encuentran procesados junto a otros dirigentes por presunta apropiación indebida de tributos y aportes a la seguridad social.
El planteo de la defensa de Toviggino sostenía que la deuda reclamada ya había sido cancelada con intereses, lo que -según su interpretación- permitiría encuadrar el caso dentro de una figura de reparación integral del daño y, en consecuencia, extinguir la acción penal. Esa postura fue acompañada por el resto de los imputados.
Sin embargo, el fiscal cuestionó con firmeza ese argumento y consideró que no es suficiente con haber devuelto el dinero. En su dictamen señaló que el mero reintegro de los montos adeudados no repara el perjuicio generado al sistema tributario y previsional, ni cumple con los requisitos que exige una salida alternativa en este tipo de delitos.
Además, remarcó que la figura de reparación integral no resulta aplicable al régimen penal tributario, y objetó que la defensa no haya precisado de manera clara qué montos habrían sido efectivamente abonados para justificar el pedido de cierre del expediente.
La causa investiga a varios dirigentes de la AFA -entre ellos Tapia, Toviggino, el gerente general Gustavo Lorenzo, el secretario general Cristian Malaspina y el ex secretario general Víctor Blanco- por supuestos delitos vinculados a la retención y falta de ingreso en tiempo y forma de impuestos y aportes previsionales. Según la imputación, el monto involucrado supera los 19.000 millones de pesos, pese a que los fondos habrían estado disponibles en las cuentas de la entidad.
En su resolución, el juez Diego Amarante había señalado previamente que existía un esquema sistemático de pagos fuera de término, lo que habría permitido a la entidad obtener beneficios financieros a partir de esos incumplimientos.
Mientras tanto, las defensas sostienen que la regularización de la deuda se realizó antes de la denuncia formal de la entonces AFIP -hoy ARCA- y que eso debería ser suficiente para cerrar el proceso.
La Agencia de Recaudación también se opuso al pedido de extinción de la causa, manteniendo su rol como querellante.
Ahora la decisión final queda en manos del juez Amarante, quien deberá definir si el expediente continúa su curso o si el planteo de las defensas puede prosperar. En paralelo, la Cámara en lo Penal Económico analiza las apelaciones a los procesamientos, instancia clave que podría definir si la causa avanza hacia un juicio oral.
Además, el tribunal deberá resolver una recusación presentada por Toviggino contra el magistrado, a quien acusa de enemistad manifiesta, un planteo que ya fue rechazado en primera instancia.

Sebastián Argibay tomó la decisión antes de que la Cámara Federal de Tucumán votara su recusación. Era señalado porque su hija tenía negocios con el hermano del Tesorero de la AFA.