En busca de la verdad
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Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que los acuerdos pondrían fin a las acciones legales de los acreedores, incluyendo intentos de embargo sobre activos del Estado argentino en el exterior.
El Presidente Javier Milei envió al Congreso el proyecto para habilitar el pago delacuerdo con los fondosque seguían litigando contra la Argentina por la deuda en default de 2001. La iniciativa busca darle aval legislativo a los entendimientos alcanzados por el Poder Ejecutivo para cerrar juicios en tribunales internacionales, donde estos acreedores ya cuentan con sentencias firmes a su favor.
En el caso de Bainbridge, el reclamo judicial asciende a unos US$96 millones más intereses, mientras que el grupo liderado por Attestor acumula 16 fallos favorables por un monto superior a los US$465 millones, según se detalla en el mensaje enviado al Congreso.
El proyecto establece pagos por US$67 millones para Bainbridge y US$104 millones para el grupo de acreedores, en el marco de acuerdos que implican una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas.
Desde el Gobierno sostienen que la operación permitirá reducir el costo total de la deuda en litigio y evitar la acumulación de intereses bajo legislación extranjera, además de cerrar múltiples causas judiciales en curso.
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En la Casa Rosada reconocen que hay coordinación entre los equipos de comunicación de los sectores de Karina Milei y Santiago Caputo, aunque admiten que persisten diferencias sobre hasta dónde escalar la pelea en el recinto.
Uno de los puntos centrales del proyecto es que los acuerdos pondrían fin a las acciones legales de los acreedores, incluyendo intentos de embargo sobre activos del Estado argentino en el exterior.
En ese sentido, el texto advierte que los fondos avanzaron en los últimos años con medidas para identificar y eventualmente ejecutar bienes del país, incluyendo participaciones en empresas como YPF, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas. Además, la aprobación legislativa permitiría frenar procesos de "discovery", mediante los cuales los demandantes solicitan información sobre activos, cuentas y operaciones financieras de la Argentina en el exterior.
El proyecto también remarca que los acuerdos incluyen cláusulas para evitar nuevos litigios y garantizar que los acreedores no interfieran en futuras operaciones de financiamiento o reestructuración de deuda.
El Ejecutivo pidió un tratamiento urgente de la iniciativa: los acuerdos tienen como fecha límite de cierre el 30 de abril de 2026, y si no son aprobados por el Congreso antes de ese plazo, podrían caerse, lo que obligaría al país a continuar los juicios en condiciones más desfavorables.
Fuente: TN.com
