El Gobierno de Javier Milei aceleró su estrategia en el Congreso de la Nación y envió en las últimas horas dos proyectos de ley que introducen cambios de fondo en áreas sensibles. Se trata de modificaciones en el sistema de pensiones por invalidez y la normativa de salud mental.

Las iniciativas ingresaron por el Senado y forman parte de una estrategia oficial para reformar esquemas que, según argumentan, presentan distorsiones y requieren actualización.

El primero de los proyectos apunta a combatir el fraude en las pensiones no contributivas por invalidez. Desde el Ejecutivo sostienen que en las últimas dos décadas hubo un crecimiento "exponencial" de estos beneficios: pasaron de unos 76.000 en 2003 a cerca de 1,2 millones en 2023.

Según se detalla en el mensaje enviado al Congreso, auditorías y diversas investigaciones detectaron irregularidades en el otorgamiento de prestaciones, como beneficiarios sin los requisitos médicos exigidos o incluso domicilios inexistentes. En ese contexto, la iniciativa busca establecer mecanismos más estrictos para prevenir, detectar y sancionar fraudes.

El proyecto propone modificar la ley 13.478 y otras normas vinculadas al sistema de prestaciones para personas con discapacidad. El objetivo central es "garantizar un uso equitativo de los recursos públicos" y asegurar que las pensiones lleguen únicamente a quienes cumplan con las condiciones legales.

La agenda completa de Javier Milei en un nuevo viaje a Israel

Argentina

El Presidente llevará a cabo una visita oficial de cuatro días, con el propósito de integrar la comitiva de las celebraciones por el Día de la Independencia.

Desde el Gobierno advierten que las irregularidades generan un "dispendio injustificable" de fondos y afectan tanto al Estado como a los beneficiarios legítimos.

En paralelo, el Ejecutivo también envió una reforma de la ley nacional de salud mental (26.657), junto con cambios en normas complementarias y artículos del Código Civil y Comercial.

El proyecto propone ampliar el enfoque de la legislación vigente, incorporando no solo la protección de la salud mental, sino también la prevención y el tratamiento. Además, plantea otorgar un rol más relevante al criterio médico, en particular a los especialistas en psiquiatría, en la evaluación y abordaje de los pacientes.

Uno de los puntos más sensibles es la modificación de las condiciones para las internaciones involuntarias. La iniciativa busca reemplazar el concepto actual de "riesgo cierto e inminente" por una definición más amplia: "situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros".

Según el Ejecutivo, este cambio apunta a evitar situaciones de duda o inacción por parte de los profesionales de la salud frente a casos críticos.

Además, el texto habilita un mayor margen para la creación de establecimientos destinados al tratamiento de problemáticas de salud mental y adicciones, y refuerza la necesidad de que las inspecciones en estos lugares cuenten obligatoriamente con la participación de un médico psiquiatra dentro de equipos interdisciplinarios.

Ambos proyectos fueron remitidos con pedido de "pronto tratamiento" por parte del Congreso, en un contexto donde el oficialismo busca avanzar con reformas estructurales en distintas áreas del Estado.

Fuente: TN.com