En una conferencia de prensa brindada este viernes por la mañana, Tadeo García Zalazar, ministro de Educación, Cultura, Infancias y de la Dirección General de Escuelas (DGE), informó que hay un imputado (17 años) y dos adolescentes aprehendidos por las amenazas de tiroteos.

Durante la exposición, las autoridades confirmaron que hay tres menores involucrados en los hechos, de los cuales uno tendría carácter imputable y los otros no, aunque todos habrían participado en acciones vinculadas a las amenazas. No se brindaron detalles sobre edades, identidades ni escuelas afectadas, con el objetivo de resguardar la identidad de los implicados y preservar la investigación.

Desde el gobierno provincial se remarcó que este tipo de conductas constituyen un delito. En ese sentido, se indicó que las amenazas de muerte, tanto en escuelas públicas como privadas, están tipificadas en el Código Penal como "amenazas agravadas". Además, se subrayó que los padres de los menores también serán sancionados en el marco del Código de Contravenciones vigente en la provincia, debido a su responsabilidad en el control y tutela de sus hijos.

La investigación fue llevada adelante por la Policía de Investigaciones con apoyo del Ministerio de Seguridad, que logró avanzar a partir de rastros en redes sociales, colaboración de familias y aportes de instituciones educativas. Si bien no se precisó el número total de detenidos, se confirmó que continúan las pesquisas sobre otros posibles involucrados.

Por otra parte, se anunció que el gobierno trabaja en un proyecto de ley para endurecer las sanciones contempladas en el Código Contravencional. Esta iniciativa será presentada por el gobernador Alfredo Cornejo el próximo 1 de mayo, en el marco de la apertura de sesiones legislativas.

Las autoridades también destacaron que los protocolos de actuación ante este tipo de amenazas se encuentran activos de manera permanente y que estos casos representan menos del 10% de las escuelas de la provincia, donde en general predomina un clima de normalidad. Asimismo, se informó que se evaluará el nivel de ausentismo escolar a lo largo de la jornada para medir el impacto de la situación.

Finalmente, se reiteró el mensaje oficial: este tipo de hechos no deben considerarse una broma, ya que implican riesgos para la seguridad de la comunidad educativa y demandan un importante despliegue de recursos del Estado.