En busca de la verdad
En busca de la verdad
Tiene en carpeta Hojarasca y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, pero será la mesa política la que defina cómo seguir. Salud Mental no es una prioridad por el momento.
Tras lograr la aprobación de la Ley de Glaciares, el Gobierno empezó a reordenar sus prioridades en el Congreso, aunque todavía no definió cómo escalonará el resto de las reformas que tiene en carpeta. En el Ejecutivo reconocen que hay diferencias sobre la hoja de ruta y advierten que la discusión quedará atada a una próxima reunión de mesa política, que será en los próximos días.
En la Casa Rosada señalan como principales prioridades a la Ley Hojarasca, al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y al paquete de propiedad privada. Se trata de los tres frentes que el oficialismo busca ordenar primero dentro del esquema legislativo de las próximas semanas con tratamientos paralelos en la Cámara de Diputados y en el Senado.
En Balcarce 50 hubo un debate interno en los últimos días sobre cómo impulsar el tratado de patentes que forma parte del acuerdo comercial que firmó la Argentina con los Estados Unidos. Mientras que un sector planeaba reflotar el proyecto que obtuvo media sanción en el Senado en 1998, otro espacio planteó enviar un nuevo texto actualizado.
"Hay partes que quedaron obsoletas", expresan. Es por eso que la opción que se impone por el momento en el entorno presidencial es la de realizarle modificaciones en Diputados, de forma que luego vuelva al Senado para su ratificación. La fecha límite para su tratamiento es el 30 de abril, según el texto que difundió la Oficina del Representante comercial estadounidense (USTR).
El Gobierno prepara el envío de una nueva Ley de Salud Mental, pero no la ubica entre las urgencias legislativas inmediatas. En ese esquema también sigue bajo revisión la reforma del Código Penal, que Nación no terminó de redefinir tras los cambios de administración. Sobre ambos puntos evitan fijar plazos y reconocen que el orden final dependerá de la capacidad de negociación que logren construir con aliados.
En el Ejecutivo admiten que están lejos de reactivar el debate por la Ley de Financiamiento Universitario y aseguran que no enviarán una nueva Ley de Emergencia en Discapacidad hasta no regularizar antes la situación financiera vinculada al PAMI. La situación se complicó en los últimos días: prestadores del sistema advirtieron atrasos de fondos y en el Ministerio de Salud reconocieron preocupación por la situación operativa.
La Casa Rosada trabaja además en paralelo sobre una reforma política y electoral que, según fuentes oficiales, esperan tener lista la semana que viene. En el oficialismo afirman que incluirá la eliminación de las PASO, la derogación del financiamiento público para los partidos, una mayor apertura al financiamiento privado y la incorporación de circunscripciones uninominales. Se trata del sistema que utilizan los Estados Unidos y el Reino Unido.
En Balcarce 50 proyectan, en principio, convocar sesiones en abril tanto en Diputados como en el Senado para empujar propiedad privada y el capítulo de patentes. El resto de los expedientes quedó, por ahora, sin cronograma. En esa lista figuran la Ley de Seguridad Nacional -que abarca defensa, inteligencia y seguridad-, las reformas de los códigos Aduanero y Civil y Comercial, el acuerdo comercial con los Estados Unidos por fuera del PCT y la adhesión al Consejo de la Paz.
La central obrera también analizará la situación judicial de los amparos contra la reforma laboral y debatirá sobre la situación de los gremios y los trabajadores.
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