La crisis diplomática entre Argentina e Irán se ha intensificado bruscamente después de que el gobierno de Javier Milei declarara al encargado de negocios iraní en Buenos Aires persona non grata, ordenando su partida en un plazo de 48 horas. El Ministerio de Relaciones Exteriores formalizó la decisión a través de un comunicado, reflejando la postura de Milei, citando el Artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas como la base legal para expulsar al diplomático sin justificación formal.

Esta medida responde directamente a la declaración anterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, que condenó enérgicamente la inclusión de la Guardia Revolucionaria por parte de Argentina en su lista de organizaciones terroristas como una "ofensa imperdonable", cuestionando la legitimidad de la medida y advirtiendo sobre repercusiones internacionales, atribuyendo la decisión de Argentina a la influencia del "régimen sionista" y de Estados Unidos. La declaración iraní también acusó al liderazgo de Argentina de complicidad en crímenes y de tomar partido por el "lado equivocado de la historia", escalando la retórica del conflicto.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina respondió expulsando oficialmente al diplomático iraní y afirmando una posición política y legal más amplia. La declaración condena las acusaciones de Irán como falsas, ofensivas y una interferencia inaceptable en los asuntos internos de Argentina, tergiversando deliberadamente las decisiones tomadas de acuerdo con el derecho internacional. Además, Argentina vincula este episodio con la continua negativa de Irán a cooperar con la investigación del atentado contra la AMIA, citando el persistente incumplimiento de las órdenes de arresto internacionales para los presuntos responsables.