El gobierno de Javier Milei sigue adelante con el desguace del Estado y fijó el 7 de mayo como fecha límite para recibir ofertas por Intercargo.
El gobierno de Javier Milei dio este jueves un paso clave en su plan de privatizaciones y lanzó el llamado a licitación pública nacional e internacional para vender el 100% de Intercargo S.A.U., la empresa estatal encargada del servicio de rampa en aeropuertos. Así quedó plasmado en la Resolución 282/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo.
Allí se establece que la operación se realizará mediante una licitación de etapa múltiple, con base, orientada a garantizar "transparencia, competencia y máxima concurrencia", según se detalla en los considerandos.
El cronograma oficial fija como fecha límite para consultas el 27 de abril de 2026, mientras que la presentación de ofertas deberá realizarse hasta el 7 de mayo a las 9:30, con apertura ese mismo día a las 10.
Además, la resolución crea una Comisión Evaluadora "ad hoc" integrada por funcionarios designados para analizar las propuestas.
En paralelo, se prevé la intervención de la Secretaría de Transporte y de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Agencia de Transformación de Empresas Públicas", que podrán requerir asistencia técnica a la propia Intercargo durante el proceso.
El precio base de la operación surge de una valuación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), según consta en el pliego.
Otro punto central del proceso es que, antes de concretar la venta, el Estado deberá rescindir por mutuo acuerdo el contrato de concesión vigente con Intercargo para la prestación exclusiva del servicio de rampa.
Desde el Ejecutivo remarcaron que el esquema apunta a garantizar eficiencia en el uso de los recursos y promover la participación de operadores con experiencia en el sector, en línea con la política de reorganización de empresas públicas.

La ponencia de hoy será virtual. Ayer hubo quejas y mucha polémica porque, según denunció la oposición, se limitó el derecho de participación. Varios expositores anunciaron que judicializarán la medida.