El oficialismo en la Cámara de Diputados resolvió postergar, al menos por ahora, el tratamiento del nuevo proyecto de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente. La decisión responde a una cuestión de prioridades políticas: en el inicio del año parlamentario, el Gobierno concentrará sus esfuerzos en convertir en ley la reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado y que considera estratégica dentro de su agenda económica.

En ese contexto, la discusión universitaria quedó en un segundo plano. Dentro del oficialismo reconocen que no hay apuro para acelerar un debate que promete reabrir el conflicto con rectores, docentes, no docentes y estudiantes de todo el país. La cuestión universitaria, además, aparece como uno de los temas más sensibles para el Gobierno, tanto por su impacto presupuestario como por la capacidad de movilización que históricamente ha demostrado la comunidad educativa argentina.

La decisión de demorar el tratamiento también se explica por el frente judicial abierto alrededor de la ley vigente. La norma aprobada el año pasado por la oposición sigue formalmente en vigor, aunque el Poder Ejecutivo se resiste a ejecutarla. Frente a ese escenario, el Gobierno impulsa un nuevo proyecto para reemplazarla y fijar sus propias condiciones de financiamiento, con una recomposición salarial más limitada y una actualización presupuestaria más acotada que la contemplada en la legislación actual.

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El Presidente prometió 90 leyes estructurales a lo largo del año. Este miércoles fue convocado un plenario para debatir en Diputados la Ley de Glaciares, que ya tiene media sanción del Senado.

El punto más controvertido de la iniciativa oficial pasa por el criterio de actualización de salarios y partidas de funcionamiento. Mientras la ley vigente obliga a recomponer la pérdida acumulada desde fines de 2023, el nuevo texto del Ejecutivo solo contempla una recuperación parcial de lo perdido durante 2025 y deja fuera el fuerte deterioro sufrido en 2024. En la práctica, esto implica convalidar buena parte del ajuste que afectó a las universidades nacionales durante los primeros tramos de la gestión libertaria.

Aun así, en la Casa Rosada creen que este año el escenario parlamentario es más favorable. Con la nueva composición del Congreso, La Libertad Avanza consiguió mayor capacidad de negociación y mejores números para imponer sus propios términos en debates sensibles. Esa nueva relación de fuerzas es la que explica la confianza del oficialismo para avanzar, más adelante, con una propuesta universitaria propia, sin depender tanto de la presión opositora como ocurrió en años anteriores.

Por ahora, sin embargo, la prioridad está puesta en otro frente. La reforma de la Ley de Glaciares se convirtió en la pieza central del arranque legislativo y en una señal política que el Gobierno busca mostrar ante potenciales inversores internacionales. Así, mientras el debate universitario queda en pausa, el oficialismo gana tiempo para ordenar su estrategia y evitar, al menos en lo inmediato, un nuevo foco de conflicto con uno de los sectores más activos de la vida pública argentina.