La reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado trajo en el mercado financiero un "deja vu": aparece un gran fondo constituido con aportes de empresarios y trabajadores que, eventualmente, podría sufrir un manotazo de pesos que se destinen compulsivamente a financiar al Tesoro.

Es la sospecha que flota en el ambiente luego de la media sanción de la ley, en la que se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al cual las empresas deben aportar obligatoriamente para generar una especie de "seguro por indemnizaciones". Las grandes empleadoras deberán aportar un 1% del total de su masa laboral, mientras que las pequeñas y medianas empresas pagarán un 2,5%. De todas maneras, se prevé que, por decisión del Poder Ejecutivo, esos montos puedan subir medio punto porcentual. 

Las estimaciones preliminares de los expertos en seguridad social apuntan a que el FAL podría acumular unos u$s3.000 millones por año -que al mismo tiempo serán una merma en el régimen previsional, dado que los aportes se compensarán con exenciones para el pago a la Anses-.

¿Cuál es el temor que están manifestando economistas de todas las tendencias, desde el kirchnerismo al liberalismo?: que ese nuevo fondo termine teniendo, como función principal, la financiación del Tesoro mediante la compra de títulos de deuda soberana.

Si bien la ley prevé que la gestión del FAL será realizada por entidades privadas -probablemente bancos, fondos de inversión y empresas de seguros serán las interesadas, dado que ya tienen la estructura armada como para gestionar ese dinero-, no falta la sospecha de que Caputo termine presionando para que una parte sustancial de ese dinero termine en las arcas estatales.

El FAL y la búsqueda de un mercado "profundo"

Lo cierto es que, al mismo tiempo que en el Senado se debatía la reforma laboral, Toto Caputo llamó a una licitación en la que no solamente se renovaron los $7,3 billones de deuda pública que vencía, sino que además se absorbieron otros $1,72 billones. Los analistas lo interpretaron como un síntoma de la necesidad de financiamiento de Caputo, tanto para afrontar los compromisos de la deuda en pesos sino también el calendario de vencimientos en dólares. Para febrero prevé otros u$s1.000 millones en Bopreales, y luego unos u$s18.000 millones hasta fin de año. Parte de esos vencimientos son a nombre del BCRA mientras que otros son del Tesoro -que necesita contar siempre con un excedente de pesos para comprarle los dólares al Central-.

La contracara de ese alto nivel de "rolleo" -un 23% por encima del monto que venció- es la competencia que genera el Tesoro con el sector privado, que ve encarecer el costo del crédito.

Y, mientras los pesos de los ahorristas engrosaban la cuenta del Tesoro, muchos recordaron una frase llamativa de Caputo ante un auditorio de empresarios. Dijo que su intención era disminuir la dependencia de Wall Street y concentrarse más en el financiamiento doméstico. Aquel comentario fue objeto de no pocos comentarios irónicos, que apuntaron a que el ministro estaba tratando de hacer del defecto virtud, dado que la escasa profundidad del mercado local es insuficiente para las necesidades financieras del Tesoro.

O, al menos, habrá poca profundidad mientras no aparezcan nuevos inversores institucionales del porte de lo que fueron las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) en la década de los "90.

Lo cierto es que, si Caputo quisiera tomar dólares del mercado global con la emisión de un bono, no conseguiría financiarse a menos de 9%, que es el resultado que surge de agregarle el riesgo argentino actual a la tasa de referencia internacional SOFR -en torno de 3,57%. De hecho, esa es la tasa que convalidó en la emisión de su bono en dólares de diciembre, destinada a los inversores del mercado argentino, y por el cual obtuvo u$s1.000 millones. 

¿Candidato a financiar al Tesoro?

Esta situación abonó las sospechas sobre si el FAL podría transformarse en el instrumento institucional que le otorgue al mercado de capitales esa "profundidad" que Caputo reclama. En la década de los '90, el sistema de jubilaciones privadas cumplía, en parte, esa función.

En el Senado, las acusaciones fueron explícitas. Para el kirchnerista Mariano Recalde, el FAL "es un escándalo" y generará "ganadores y perdedores". En la primera lista ubicó a las empresas, a las que ahora "les saldrá gratis despedir trabajadores" y, sobre todo, "a los bancos y amigos de Caputo que administrarán ese fondo". Entre los perdedores, mencionó a los trabajadores y a los jubilados.

Pero no sólo desde las posturas "estatistas" vienen las críticas. También hay economistas de línea liberal que temen por consecuencias colaterales del nuevo sistema. Por lo pronto, ya se da por descontado que del FAL saldrá dinero que compense el costo fiscal de la reforma laboral, estimado en 0,8% del PBI.

El economista Roberto Cachanosky calentó el debate al calificar al FAL como "una medida antiliberal que obliga a las empresas a previsionar las indemnizaciones por despido por orden del gobierno".

En realidad, ese es el principal punto de crítica, el de la obligatoriedad, que no estaba en la primera versión de del fondo, sino que se proponía un sistema voluntario, inspirado en el que se utiliza para el sector de la construcción.

Cachanosky no duda sobre cuál es el objetivo: "Un mecanismo ideal para que el Estado llene de bonos esos fondos, al igual que pasó con las AFJP y luego nos confiscaron los ahorros".

Faltan todavía algunos detalles por conocerse, como por ejemplo si los aportes al FAL quedarán en cuentas individuales a nombre de los empleados, o de las empresas. Y, además, si se establecerán topes para la exposición al riesgo del sector público a la hora de invertir del dinero..

Ya circulan propuestas para que el texto final proteja al FAL de ser un financista involuntario del Tesoro. Y la preocupación aumenta conforme va subiendo la acumulación de intereses de las LECAP, una suma que a diciembre ascendía $269.999 millones, según un reporte de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Los vencimientos en pesos previstos para todo el año -sumando capital e intereses- asciende a $190 billones, que al tipo de cambio actual equivale a u$s136.000 millones.

Sospechas fundadas en la historia

No se puede culpar a los suspicaces por pensar mal. Después de todo, no hacen más que basarse en la experiencia de la historia económica reciente. El plan Bonex de 1990, por ejemplo, que canjeó compulsivamente plazos fijos por bonos a 10 años. Luego, en la segunda gestión de Domingo Cavallo, en 2001, la imposición a las AFJP para que invirtieran en bonos públicos más dinero del que el régimen permitía. Esos bonos, por cierto, terminaron siendo defaulteados y canjeados por un nuevo título.

Y, finalmente, la reestatización del sistema jubilatorio privado, decidida por Néstor y Cristina Kirchner en 2008, y que generó un traspaso masivo de fondos -la estimación fue u$s28.000 millones- desde las cuentas personales de los futuros jubilados hacia el sector público.

En su gestión, Cristina recurrió a ese fondo para múltiples objetivos. Por ejemplo, para hacer política industrial, otorgándole un crédito a General Motors para que no suspendiera el proyecto de fabricación del modelo Agile en plena recesión del 2009.

También usó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para asistir a la Anses y, como entre las inversiones "heredadas" de las AFJP había acciones de empresas privadas, Cristina decidió hacer valer su condición de accionista para nombrar directores de su confianza en las mayores empresas del país y presionarlas desde dentro. Fue así, por ejemplo, que Axel Kicillof entró al directorio de Techint y forzó a cambiar un programa de expansión internacional para que las inversiones se realizaran en el país.

Por cierto que esa tentación por las grandes "cajas" con aportes de trabajadores no han sido exclusividad de una única fuerza política. Ya con Javier Milei en la presidencia, el proyecto original de la "ley ómnibus" -que luego derivaría en la Ley Bases- tenía un capítulo que levantó polvareda. Se proponía que el ministerio de Economía pudiera absorber y deslistar -es decir, eliminar- bonos del Tesoro que estaban en manos de agencias estatales.

Era una forma que Toto Caputo había ideado para reducir la deuda pública en aproximadamente un 10%. El mecanismo previsto era, sobre todo, mediante la absorción de la cartera de inversión de Anses, que tenía unos u$s33.000 millones en bonos del Tesoro. El tema generaba demasiado controversia, de manera que el gobierno decidió eliminarlo, para no entorpecer la difícil negociación por la Ley Bases.

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Politica

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